En un movimiento que sacude los cimientos del sistema educativo estadounidense, el presidente Donald Trump estampó su firma este jueves en una orden ejecutiva que inicia el desmantelamiento del Departamento de Educación.
El anuncio, realizado desde la Casa Blanca con niños ocupando pupitres como telón de fondo, marca un hito en una cruzada que el mandatario ha defendido desde su regreso al poder.
“Hoy, tomamos una acción histórica que lleva 45 años en desarrollo. Firmaré una orden ejecutiva para comenzar a eliminar el Departamento de Educación de una vez por todas”, proclamó Trump.
El Presidente, además, prometió que las funciones esenciales —como las becas escolares y el apoyo a estudiantes con discapacidades— no desaparecerán, sino que serán redistribuidas entre otras agencias federales.
Sin embargo, el núcleo de su plan pasa por devolver a los estados el control total sobre los fondos educativos, una medida que aún necesita el visto bueno del Congreso para concretarse.
El proceso ya ha comenzado a tomar forma; la Secretaria de Educación, Linda McMahon, no ha perdido tiempo: a principios de mes, más de 1.300 empleados fueron despedidos, reduciendo a la mitad la plantilla del Departamento.
Este ajuste drástico es solo el preludio de una reestructuración que podría transformar el panorama educativo del país.
Creado en 1979 bajo el mandato de Jimmy Carter para combatir la segregación y garantizar equidad en las aulas, el Departamento de Educación maneja hoy un presupuesto que supera los 102.000 millones de dólares para el año fiscal 2025, equivalente a cerca del 1% del gasto federal.
Sin embargo, Trump lo ha calificado reiteradamente como un “pozo sin fondo” para los contribuyentes, insistiendo en que sus resultados no justifican su existencia.
La decisión cumple una de las promesas más resonantes de su plataforma electoral, alimentada por años de críticas al sistema educativo federal.
Para Trump y sus aliados, el cierre del Departamento no solo reducirá la burocracia, sino que devolverá el poder a las comunidades locales.
No obstante, el camino no será sencillo: la oposición demócrata y sectores educativos ya alzan la voz, advirtiendo sobre el riesgo de disparidades entre estados y el impacto en los estudiantes más vulnerables.
Con esta orden ejecutiva, Trump lanza un desafío al establishment y pone a prueba la voluntad del Congreso, donde sus detractores prometen dar batalla.
Mientras tanto, el destino de la educación estadounidense queda en un limbo que podría redefinir las prioridades de una nación.
Con información de Nota de Prensa
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