Seis organizaciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina han presentado una denuncia formal ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra Bayer AG. La acusan de ser responsable de graves daños ambientales y violaciones a los derechos humanos, causados por la agricultura industrial en Sudamérica.
La denuncia se presentó mientras Bayer AG llevaba a cabo su asamblea de accionistas. En ella se documentan cuatro casos específicos que evidencian los impactos negativos de este modelo agrícola en las áreas donde Bayer AG comercializa ampliamente sus productos.
Las organizaciones demandantes, que incluyen al Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y ECCHR, instan a Bayer AG a implementar cambios sostenibles en sus prácticas empresariales. Su objetivo es que se respeten los derechos de las comunidades locales y se proteja el medio ambiente.
Bayer AG promueve un modelo de agricultura en Sudamérica que ha resultado en inseguridad alimentaria, escasez de agua, deforestación extrema, pérdida de biodiversidad, graves problemas de salud y conflictos territoriales con comunidades indígenas y campesinas.
En Argentina, la denuncia se centra en los problemas de salud en la región sojera de Pergamino. Desde 2011, los habitantes han experimentado graves problemas de salud, como alergias y afecciones respiratorias, como resultado de las fumigaciones. Los análisis revelaron altos niveles de glifosato y AMPA (un metabolito del glifosato) en la orina de los afectados.
En Brasil, Bayer lidera el mercado de semillas genéticamente modificadas y pesticidas. En un país donde el 95% de la soja cultivada es genéticamente modificada, el uso intensivo de pesticidas ha contaminado ríos, alimentos, animales y comunidades indígenas. Los pesticidas incluso se utilizan como arma química para confinar a los indígenas en franjas de tierra cada vez más pequeñas.
En Paraguay, en 2011, varias personas fueron hospitalizadas con signos de intoxicación por agrotóxicos. Una de ellas falleció y el caso fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que emitió un dictamen favorable a las víctimas del caso.
En Bolivia, el cultivo de soja genéticamente modificada ocupa el 50% de las tierras cultivadas de Santa Cruz. En la última década (2011-2022), se deforestaron cerca de 436 mil hectáreas de bosque directamente para cultivos de soja.
Sarah Schneider, experta en agricultura y nutrición mundial de Misereor, afirma: “La empresa no ha respondido adecuadamente a los graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente directamente relacionados con su modelo de negocio en la región. Tampoco se han supervisado los impactos del uso de semillas genéticamente modificadas y pesticidas, ni se han tomado medidas adecuadas para prevenirlos y mitigarlos”.
En promedio, más del 50% de la tierra cultivable de estos países se destina a la soja genéticamente modificada. Bayer asegura ser el líder latinoamericano en la comercialización de semillas de soja resistentes al glifosato y de los pesticidas basados en esta sustancia.
Abel Areco, Director de BASE-IS, dice: “Mostramos que, a causa del avance del cultivo de soja, en nuestra región la gente sufre intoxicaciones y enfermedades graves; hay fuentes de agua locales tan contaminadas que no se pueden consumir más; las comunidades indígenas y campesinas son despojadas de sus territorios, afectando sus formas de vida y de alimentación; miles de hectáreas de bosque desaparecen, amenazando a los animales y plantas locales”.
Silvia Rojas Castro, Asesora Legal del ECCHR, dice: “Las Directrices de la OCDE son claras en establecer deberes de debida diligencia para la cadena de valor descendente, sobre todo en los casos en que se puede prever el mal uso de un producto. Aunque la ley alemana de la cadena de suministro en su versión actual no incluya esta parte de la cadena de valor, Bayer debe cumplir con las Directrices de la OCDE. Pedimos que, para la soja transgénica y pesticidas a base de glifosato, Bayer desarrolle políticas de debida diligencia basadas en el riesgo y que consideren el contexto en Latinoamérica para contribuir a una solución a largo plazo”.
La OCDE ahora tiene tres meses para decidir sobre la admisibilidad de la denuncia y apoyar así la mediación entre las partes afectadas y la empresa. Las organizaciones esperan que Bayer responda a la denuncia y participe activamente en la resolución de los daños ocasionados al ambiente y salud.
Con Información de Nota de Prensa
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