Este lunes el fiscal argentino Diego Luciani, pidió que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sea condenada a 12 años de prisión por supuestamente ser jefa de una asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real.
“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, concluyó el fiscal argentino Diego Luciani, antes de pedir la condena.
En el proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
Asimismo, el fiscal solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5300 millones de pesos.
Fernández, de 69 años, es juzgada desde mayo de 2019 por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
La solicitud ha generado choques en la Argentina, entre bandos que apoyan a Fernández y los que están a favor de una condena para la exmandataria.
Esta mañana, Cristina Kirchner, había pedido ampliar su declaración indagatoria y escribió por su cuenta Twitter: “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”
En ese sentido, explicó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel” y agregó: “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Sin embargo, luego de un cuarto intermedio de media hora, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informó el rechazo al pedido de la exmandataria. Tras conocer la decisión del tribunal, la Vicepresidenta lanzó un mensaje a través de Twitter: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019.
Con información de Nota de Prensa
