El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, salió al paso de las afirmaciones de algunas organizaciones no gubernamentales que han pretendido adjudicarse la liberación de personas detenidas por su implicación en los disturbios del 29 de julio.
Durante entrevista en un medio nacional, Saab destacó que la revisión de los casos no está asociada a la influencia de las ONG, a pesar de lo que circula en diversas plataformas sociales y medios de comunicación.
El fiscal subrayó que estas liberaciones están siendo efectivas “porque el Ministerio Público junto a los tribunales correspondientes están haciendo su trabajo tras la revisión de cada caso, incluida la reunión con los familiares de los detenidos”.
Saab reafirmó además que continuarán recibiendo a los familiares de los derenidos, asegurando que existe un canal de comunicación constante para evaluar la situación de cada uno de los involucrados.
“Hemos realizado la revisión de medidas, para liberaciones, tras el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro”, sostuvo el fiscal, recordando la necesidad de no olvidar a las víctimas del terrorismo que, en este contexto, han dejado 28 fallecidos y 190 heridos, además de la devastación de cerca de 500 instituciones públicas.
Saab enfatizó la importancia de visibilizar el sufrimiento de quienes fueron afectados por la violencia, mencionando que “estas personas tienen dolientes también”.
El Fiscal General también enfatizó el compromiso del Estado venezolano con los Derechos Humanos y reiteró la intención de hacer visibles tanto a las víctimas como a los perpetradores de estos actos violentos, los cuales, según sus declaraciones, fueron orquestados por individuos actualmente en fuga.
Para concluir, Saab enfatizó que el país está disfrutando de un periodo de “total calma y convivencia”, haciendo un llamado a la paz y la unidad nacional.
Es relevante señalar que en los últimos días se han concedido 225 medidas sustitutivas, en conformidad con el artículo 285 de la Constitución de la República, que encomienda al Ministerio Público la obligación de garantizar los derechos y las garantías constitucionales en todos los procesos judiciales.
Con información de Nota de Prensa
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