El gobierno de los Estados Unidos (EE. UU), dirigido por su presidente Donald Trump, comunicó a los venezolanos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) que el mismo va a ser revocado, lo que va a dejar al borde de la deportación a un cuarto de millón de inmigrantes de ese país.
El anuncio, realizado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informa a los venezolanos en EE. UU bajo la TPS, que, desde este pasado miércoles 3 de septiembre, no se va a extender la protección otorgada por el Gobierno del presidente Joe Biden (2021-2025), a cerca de 250.000 venezolanos y que expira el próximo 10 de septiembre.
Por su parte, el portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Matthew Tragesser, explicó mediante un comunicado que se decidió no extender el amparo dado el “importante papel” de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el TPS.
Esta decisión se toma después que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el viernes pasado el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos, incluidos los afectados por la decisión de hoy, es ilegal.
Toda esta lucha legal, busca proteger a los venezolanos amparados por el TPS, que fue otorgada por el expresidente Biden, uno de estos grupos, es el del 2021, que son alrededor de 250.000 venezolanos, y el otro, el de los beneficiarios de la extensión de 2023, que está compuesto por otros 350.000.
El panel de tres jueces de apelación respaldó de forma unánime al juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California, que examina una demanda entablada por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en febrero pasado y que en ese momento afectó directamente a 350.000 venezolanos a los que se les terminó el amparo en abril pasado.
El fallo del Noveno Circuito reconoció además que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.
Se espera que Chen entregue una resolución en los próximos días, lo que podría congelar la decisión del Gobierno Trump.
Nolyet Torres / Notiprensa Digital
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