La intensificación de las acciones militares del Gobierno de Donald Trump, con ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, ha encendido las alarmas entre las comunidades pesqueras de Colombia, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los habitantes temen ser confundidos con narcotraficantes durante sus labores tradicionales. Erlid Arroyo, pescador y vocero de la cooperativa “I Fish” de Providencia, manifestó su inquietud ante las consecuencias de estas operaciones, indicando que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre de 2012, que si bien reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y sus cayos, redefinió los límites marítimos y redujo la jurisdicción colombiana.
Esta redefinición obliga a los pescadores a transitar por aguas internacionales para llegar a sus bancos de pesca, lo que, según Arroyo, podría convertirse en una «excusa perfecta para intervenir en nuestras aguas» y aumenta significativamente su exposición a los operativos militares extranjeros.
El Gobierno de Trump ha justificado la destrucción de al menos veinte embarcaciones cerca de las costas de Venezuela y Colombia en el Pacífico y el Caribe, con un saldo de más de 80 personas muertas hasta el 16 de noviembre, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico; a pesar de esto, Washington se ha negado a proporcionar evidencia de que los navíos atacados estuvieran transportando drogas.
Con información de VTV
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