En una jornada marcada por la tensión política y la represión en las afueras del Congreso, el Senado de Argentina aprobó este jueves un polémico proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca flexibilizar la protección de los glaciares para favorecer la actividad extractiva.
Con 40 votos a favor y 31 en contra, la iniciativa que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados propone modificar la histórica normativa de 2010, eliminando la prohibición automática de la minería en áreas periglaciales para sustituirla por evaluaciones individuales «caso por caso».
El eje del conflicto radica en la reducción del Inventario Nacional de Glaciares, una medida que, según denuncian científicos y sectores de la oposición, dejaría desprotegidas a numerosas reservas de agua dulce para priorizar únicamente sectores considerados «estratégicos» por el Ejecutivo.
Desde la administración nacional y las cámaras mineras, la reforma se defiende como un pilar fundamental para atraer inversiones en la extracción de litio, cobre y oro, minerales clave para la transición energética global.
La postura oficialista quedó plasmada en las declaraciones del senador Luis Juez, quien justificó la medida bajo una visión utilitaria de los recursos naturales y llegó a calificar las manifestaciones ambientales como «terrorismo ecológico».
No obstante, la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió que este cambio representa un retroceso histórico en estándares ambientales, mientras expertos recuerdan que el 36% del territorio argentino depende directamente del deshielo de estas zonas para el suministro de agua en 20 provincias.
El clima de polarización se trasladó a las calles, donde fuerzas de seguridad reprimieron una protesta de Greenpeace, resultando en la detención de 12 activistas y un trabajador de prensa herido.
Diversas organizaciones sociales, como la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina de Esquel, denunciaron que la reforma no es una mejora técnica, sino una «cesión de soberanía ambiental» ante intereses corporativos.
La urgencia del sector privado es evidente: en los últimos tres años, los proyectos mineros en el país se duplicaron, pasando de 160 a 325 desarrollos; de ellos, al menos 44 sesitúan en ambientes periglaciales que, de sancionarse la ley en Diputados, perderían el amparo legal que los protegía de la actividad industrial.
Con información de Nota de Prensa
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