El Ministerio Público informó el inicio de una investigación formal tras recibir diversas denuncias por parte de familiares de internos del centro penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda, con el propósito de esclarecer presuntas situaciones irregulares dentro del recinto.
Para adelantar las averiguaciones, fue designada una comisión especial de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público de Venezuela, bajo la coordinación de un fiscal con competencia nacional, quien estará al frente de las actuaciones orientadas a resguardar la integridad física y los derechos legales de la población reclusa.
La situación generó mayor inquietud este lunes 20 de abril luego de la suspensión inesperada de la jornada de visitas, lo que elevó la tensión entre los familiares que se encontraban en las adyacencias del penal. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, las autoridades restringieron el contacto directo sin ofrecer información previa sobre las razones de la medida.
Aunque se mantuvo el acceso limitado para la entrega de alimentos y artículos de higiene personal, la falta de comunicación oficial provocó preocupación entre los allegados de los privados de libertad, quienes exigieron respuestas sobre la situación interna del centro.
Desde tempranas horas de ese día comenzaron a circular reportes en redes sociales que advertían sobre posibles anomalías dentro del penal. Ante este escenario, el despliegue del Ministerio Público busca verificar los hechos denunciados y garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos dentro de la instalación penitenciaria.
Con información de Nota de Prensa
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