Un tribunal de El Salvador comenzó esta semana un proceso judicial de gran escala contra 486 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes se les vincula con la comisión de más de 47.000 delitos ocurridos entre los años 2012 y 2022.
El caso se enmarca dentro de las políticas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele, bajo el régimen de excepción vigente en el país desde 2022, que ha sido prorrogado en distintas ocasiones como parte de la estrategia estatal contra las pandillas.
El Ministerio Público detalló que entre los delitos imputados figuran homicidio agravado, desapariciones, extorsión, tráfico ilícito de armas, feminicidios, privación de libertad y asociación ilícita, además de intentos de homicidio. Las autoridades señalaron que entre los procesados se encuentran cabecillas históricos, mandos intermedios y líderes de estructuras territoriales de la organización criminal.
Del total de acusados, 413 permanecen bajo custodia en distintos centros penitenciarios del país, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considerado de máxima seguridad, mientras que 73 continúan prófugos y con órdenes de captura activas.
Las cifras oficiales indican que desde la implementación del estado de excepción han sido detenidas más de 91.500 personas, lo que ha elevado la población carcelaria a más de 130.000 reclusos. El Gobierno salvadoreño sostiene que estas medidas han contribuido a una reducción significativa de los índices de homicidios en los últimos años.
Con información de Nota de Prensa
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