En Estados Unidos, la Arquidiócesis de Nueva York oficializó un acuerdo de pago por 800 millones de dólares para indemnizar a aproximadamente 1.300 víctimas de abuso clerical, cerrando así un capítulo de más de cinco años de intensos litigios amparados bajo la Ley de Víctimas Menores.
El abogado Jeff Anderson describió esta resolución como un avance de magnitudes históricas y un triunfo trascendente de valentía por parte de los sobrevivientes, quienes finalmente ven una respuesta tras décadas de silencio.
El pacto financiero establece que los fondos se distribuirán a través de un fideicomiso en dos etapas; un desembolso inicial de 615 millones de dólares y un pago posterior de 185 millones, los cuales deberán ejecutarse en un lapso máximo de 15 meses una vez que los afectados otorguen su consentimiento.
Para alcanzar esta cifra, que triplica propuestas anteriores, la institución religiosa se ha visto obligada a ejecutar medidas drásticas que incluyen el recorte del 10% de su presupuesto operativo y el despido de personal, acciones que el Cardenal Timothy Dolan calificó, “financieramente dolorosas, pero imperativas para cumplir con la responsabilidad ética hacia las víctimas”.
Además de la histórica suma, el acuerdo impone compromisos de transparencia institucional estrictos, obligando a la Iglesia a mantener actualizada permanentemente en su portal web la lista de clérigos acusados de manera creíble, así como la divulgación de documentos internos que anteriormente permanecían bajo reserva.
Por su parte, el arzobispo Ronald Hicks manifestó optimismo, haciendo un llamado a la comunidad a respaldar este proceso de sanación y justicia restaurativa que posiciona a este caso como el segundo más cuantioso en la historia del país, solo superado por los 880 millones de la Arquidiócesis de Los Ángeles en 2024, revelan medios internacionales.
No obstante, el escenario legal se mantiene complejo debido a una pugna directa entre la Iglesia y su aseguradora, Chubb, a la que la Arquidiócesis ha demandado por intentar evadir sus obligaciones contractuales.
Esta resolución no solo garantiza el pago directo, sino que faculta a los sobrevivientes para iniciar reclamos adicionales ante las compañías de seguros, consolidando un frente legal que busca la reparación integral de los daños sufridos.
Con información de Nota de Prensa
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