El diputado Juan Carlos Alemán aseguró que la Ley Orgánica de Contraloría Social garantiza el acompañamiento del Parlamento durante todas las fases de la Consulta Popular 2026, prevista para el próximo 12 de junio, con el objetivo de supervisar la correcta ejecución de los recursos destinados a las comunidades organizadas.
Durante una entrevista transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, el parlamentario explicó que el rol de la Asamblea Nacional no se limita únicamente al trabajo legislativo dentro del Palacio Federal Legislativo, sino que contempla presencia directa en los territorios para acompañar el desarrollo de los proyectos comunales.
Alemán indicó que, mediante la Ley de Contraloría Social, el Poder Legislativo actúa como un respaldo institucional que brinda orientación técnica y herramientas jurídicas a las comunidades para garantizar la vigilancia y control de los fondos públicos asignados.
En ese sentido, señaló que los diputados tienen la responsabilidad de verificar el funcionamiento de los mecanismos financieros del Estado hacia las comunas y supervisar el cumplimiento de las normas de transparencia durante la ejecución de los proyectos.
El parlamentario sostuvo que este esquema busca fortalecer la gestión de los 5.633 circuitos comunales del país, permitiendo que las organizaciones populares cuenten con acompañamiento legal y técnico durante el manejo presupuestario, evitando retrasos administrativos o irregularidades.
Asimismo, destacó que la Consulta Popular 2026 forma parte de un modelo de participación directa donde las propias comunidades podrán priorizar y escoger soluciones para necesidades relacionadas con agua potable, vialidad, caminerías, impermeabilización de viviendas y otros servicios esenciales.
Alemán explicó que el proceso contempla cinco etapas: la selección de proyectos en asambleas ciudadanas, la votación junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), la transferencia de recursos, la ejecución de las obras y la posterior rendición pública de cuentas.
Finalmente, recordó que todos los proyectos financiados con recursos del Estado estarán sujetos a mecanismos de fiscalización y auditoría social, con el propósito de garantizar la transparencia y demostrar la capacidad organizativa del Poder Popular en todo el país.
Con información de Nota de Prensa
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