El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz mantiene el diálogo como principal mecanismo para buscar una salida a los bloqueos de carreteras que mantienen paralizada gran parte de la red vial nacional desde hace 28 días, aunque reconoció que el Ejecutivo evalúa todas las alternativas para restablecer el orden en el país.
El funcionario señaló que la posibilidad de decretar un estado de excepción no está descartada, pero aclaró que se trataría de una medida extrema que solo sería aplicada dependiendo de la evolución del conflicto y de las necesidades políticas y de seguridad que enfrente la administración nacional.
En este contexto, el Ejecutivo garantizó las condiciones de seguridad necesarias para que dirigentes sociales y sindicales participen en la mesa de negociación convocada por la Conferencia Episcopal para este 28 de mayo, como parte de los intentos por alcanzar acuerdos que permitan destrabar la crisis.
Lupo confirmó que el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar, de la Federación Túpac Katari, podrán asistir al encuentro pese a las órdenes de captura existentes en su contra por presuntos delitos relacionados con instigación pública y terrorismo.
El ministro explicó que la decisión responde a una señal de apertura y voluntad política por parte del Gobierno para avanzar en las conversaciones y evitar una mayor escalada del conflicto. “No ejecutaríamos ningún tipo de instrucción si los estamos llamando al diálogo, si queremos el diálogo y si el país entero quiere una solución”, expresó durante declaraciones ofrecidas a medios locales.
Sin embargo, las diferencias internas dentro de las organizaciones movilizadas continúan dificultando el proceso de negociación. Diversos sectores anunciaron la realización de un cabildo nacional para definir si aceptarán participar en el diálogo o si mantendrán e intensificarán las protestas y bloqueos.
Algunas voces dentro de las bases sindicales y campesinas han manifestado desconfianza sobre posibles acuerdos alcanzados sin consulta previa a las organizaciones que participan en las movilizaciones.
Asimismo, representantes de sectores más radicales de la COB condicionaron cualquier acercamiento mientras permanezcan vigentes las órdenes judiciales contra dirigentes involucrados en las protestas.
La administración de Rodrigo Paz enfrenta actualmente un escenario marcado por fuertes presiones políticas y sociales, en medio de demandas impulsadas por organizaciones sindicales, indígenas, mineras y campesinas que exigen la derogación de reformas gubernamentales y la salida del mandatario.
A esto se suma la presión de sectores cercanos al oficialismo, que reclaman acciones más contundentes frente a los bloqueos de carreteras que afectan la economía nacional y la libre circulación en distintas regiones del país.
En medio de este panorama, la jornada de diálogo promovida por la Conferencia Episcopal será clave para medir la disposición de las partes y evaluar la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan reducir las tensiones y abrir una salida política al conflicto.
Con información de Nota de Prensa
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