La Defensoría del Pueblo informó la activación de mecanismos de protección y seguimiento luego de las denuncias formuladas por 33 integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en Barquisimeto, estado Lara, quienes señalaron haber sido víctimas de presuntas vejaciones, robos y detenciones arbitrarias durante un procedimiento policial.
A través de un comunicado oficial, la institución ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y expresó su rechazo a cualquier forma de discriminación motivada por orientación sexual, identidad o expresión de género. Asimismo, indicó que estableció canales de coordinación con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial y otras instancias competentes para dar seguimiento al caso.
El organismo explicó que las actuaciones se desarrollan en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, con el propósito de garantizar la protección de los ciudadanos involucrados y velar por el respeto de sus derechos durante todo el proceso de investigación.
Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 30 de mayo en un establecimiento privado de la capital larense. Como consecuencia de las averiguaciones iniciadas por las autoridades, cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fueron puestos a la orden de la justicia y permanecen bajo investigación por presuntos delitos relacionados con allanamiento irregular, extorsión y privación de libertad.
Para el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público designó una comisión integrada por la Fiscalía 21 del estado Lara y la Fiscalía 98 Nacional, despacho con competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad sexual. La actuación conjunta busca determinar responsabilidades y garantizar que las investigaciones se desarrollen conforme al debido proceso.
La Defensoría del Pueblo también manifestó su disposición de brindar acompañamiento permanente a los denunciantes y anunció que mantendrá comunicación constante con el Fiscal Superior de Lara y con las autoridades policiales involucradas en el caso, a fin de supervisar el desarrollo de las actuaciones y asegurar que se respeten plenamente las garantías constitucionales de las víctimas.
Finalmente, el organismo reiteró que continuará monitoreando la situación y promoviendo acciones orientadas a prevenir cualquier vulneración de derechos, especialmente en casos relacionados con poblaciones históricamente expuestas a situaciones de discriminación o exclusión.
Con información de Nota de Prensa
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