El estado Lara se convirtió en escenario de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal. Este proceso responde al mandato estratégico emitido por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, quien ha convocado a los poderes públicos y a la sociedad organizada a una revisión estructural, profunda y necesaria del sistema judicial venezolano, priorizando la celeridad, la equidad y la plena garantía de los derechos humanos.
El presidio estuvo encabezado por el Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, y el Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, en su calidad de secretario ejecutivo de la comisión. Acompañaron esta jornada el Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; el Defensor Público General, Daniel Ramírez; el Diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para la Convivencia Democrática; la Dra. Gisela Jiménez, directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Juristas. Asimismo, asistieron altas autoridades civiles, militares, legisladores regionales, alcaldes y una nutrida representación del Poder Popular organizado.
El Gobernador de Lara Luis Reyes Reyes dio la bienvenida destacando el impacto de este debate: “Esperamos que de esta consulta surja una propuesta que garantice la viabilidad hacia un sistema de justicia penal efectivo y, sobre todo, humano. Nos preocupa la formación integral de los operadores y el tratamiento hacia las personas que, por diversas razones, deben responder ante la ley. Debemos trabajar con honestidad y vocación de servicio”.
Por su parte, el Fiscal General Larry Devoe Márquez enfatizó la importancia de la unidad institucional en esta etapa: “El llamado de la Presidenta Encargada nos convoca a un esfuerzo colectivo donde el diagnóstico compartido es vital. Debemos avanzar hacia una transformación integral del sistema, donde la sinergia entre las instituciones y la participación activa de los ciudadanos permitan construir un modelo de justicia más eficiente, armónico y a la altura de las demandas de nuestra nación”.
Este despliegue en tierras larenses refuerza el compromiso del Estado con una reforma que no solo busca optimizar la norma, sino transformar la praxis cotidiana, asegurando que el sistema sea un pilar fundamental para la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica en Venezuela.
Con información de Nota de Prensa
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