La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente a la justicia estadounidense que el juicio por cargos de narcotráfico contra el Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, según se desprende de un documento presentado ante un tribunal federal de esa jurisdicción.
La petición de la representación fiscal se da a conocer en la antesala de la audiencia fijada para este miércoles, en la que se evaluará el calendario definitivo del proceso legal. En este marco, el equipo legal de los acusados contempla presentar sus argumentos iniciales en septiembre, mientras que la Fiscalía prevé consignar la mayor parte del material probatorio clasificado durante el mes de noviembre.
De acuerdo con la documentación judicial reseñada, las autoridades esperan concluir el intercambio de evidencias previo al inicio del juicio oral. No obstante, el caso todavía contempla varias fases procesales, como el análisis de documentos bajo reserva e impugnaciones por parte de los abogados defensores, quienes dispondrán hasta comienzos de 2027 para interponer nuevos recursos antes del dictamen final del cronograma.
Se prevé que el Maduro y su esposa asistan este miércoles a una nueva vista de seguimiento dentro de la causa abierta en su contra por presunta conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Esta será la tercera audiencia procesal efectuada en Nueva York.
Maduro, quien se declaró no culpable ante la corte neoyorquina en enero, cumple más de medio año privado de libertad en una prisión federal ubicada en Brooklyn; especto al fondo del caso, análisis publicados por el diario estadounidense The New York Times sugieren que los tribunales norteamericanos podrían carecer de jurisdicción para procesar la causa, basándose en la propia legislación de Estados Unidos.
Ante esta situación, el equipo de defensa liderado por los juristas Barry Pollack y Mark Donnelly podría intentar la nulidad del proceso penal cuestionando la legalidad y el procedimiento utilizado durante la captura en territorio venezolano.
Asimismo, conviene recordar que en abril pasado la administración estadounidense flexibilizó las sanciones para autorizar que el Ejecutivo venezolano sufrague los honorarios de los abogados defensores, punto que había generado intensos debates en las comparecencias previas.
Con información de Nota de Prensa
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