Con un balance marcado por consensos clave para el futuro institucional y político del país, concluyó en Caracas la tercera fase de la mesa de diálogo entre los representantes del Ejecutivo venezolano y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015.
El cierre de esta etapa fue anunciado conjuntamente por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la vocera de la representación parlamentaria opositora, Dinorah Figuera, al término de una intensa jornada laboral que sumó 15 encuentros, cuatro mesas técnicas y dos plenarias desarrolladas a lo largo de seis días de debate.
Durante este ciclo, la recién instalada Mesa 4 articuló compromisos en materia económica, social y de garantías políticas, acordando poner en marcha los mecanismos del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, además de iniciar los debates para la creación de la Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana.
Paralelamente, las delegaciones establecieron emprender una revisión exhaustiva del marco normativo nacional, abarcando instrumentos como la Ley de Partidos Políticos para resguardar la autonomía de las organizaciones, la Ley Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, la legislación controctra la Delincuencia Organizada para precisar la definición del terrorismo, y la Ley de la Contraloría General, un punto crucial orientado a reevaluar los procesos de inhabilitaciones políticas en la nación.
En el plano judicial, Rodríguez resaltó el avance alcanzado por la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales tras evaluar a 127 aspirantes de diversos sectores, precisando que en la siguiente plenaria del Parlamento se nombrará a los 12 miembros definitivos de este órgano para oficializar el cronograma constitucional y activar el Consejo de Revisión de Credenciales.
Asimismo, en el área económica, ambas partes ratificaron la necesidad de destrabar los activos de la reserva internacional retenidos en el Banco de Inglaterra y acordaron estructurar una comisión paritaria que gestione la liberación del oro venezolano, con miras a destinar dichos recursos a la atención de los damnificados por los sismos del pasado 24 de junio y a la recuperación de los servicios públicos esenciales, reafirmando una agenda compartida en defensa del bienestar social y el desarrollo económico del país.
Con información de Nota de Prensa
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