El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, hizo pública su renuncia irrevocable al cargo este martes y confirmó que tampoco competirá como candidato en los próximos comicios generales fijados para el 29 de noviembre, decisión tomada a raíz del letal accidente de trenes ocurrido la semana pasada que dejó un saldo trágico de 69 muertos.
La comunicación oficial la realizó durante una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde aseveró que resolvió apartarse desde el momento en que conoció la magnitud del siniestro registrado en Urda (Toledo), al sur de Madrid, cuando dos unidades de alta velocidad colisionaron dejando además cerca de cien lesionados.
El saliente funcionario argumentó que su salida responde a un acto de dignidad política, coherencia y solidaridad con las familias afectadas, al tiempo que busca estar a la altura del legado ético de la formación socialista (PSOE). Sostuvo además que le resultaba inviable sostenerse en el puesto tras acumular dos contingencias de extrema gravedad en menos de un año, independientemente del nivel de responsabilidad directa que le pudiese corresponder.
El anuncio tomó por sorpresa al entorno político, pues apenas horas antes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente había descartado dejar sus funciones. Sin embargo, reveló haber notificado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos antes de culminar su intervención parlamentaria, aprovechando la oportunidad para agradecer la confianza depositada en su gestión y pedir el respaldo del electorado progresista hacia el mandatario de cara a la cita electoral.
El suceso detonante ocurrió el pasado miércoles cuando una formación AVE embistió por la parte posterior a una unidad de la empresa Iryo que se encontraba detenida, ocasionando el descarrilamiento y caída de varios vagones por un terraplén con un total de 544 pasajeros a bordo entre ambos transportes.
La dimisión se produce bajo un clima de máxima crispación política en la nación ibérica, avivado por el antecedente del accidente de Adamuz que cobró la vida de 46 personas a comienzos de año. Esta sucesión de hechos llevó a las principales bancadas de oposición a presionar de forma contundente por la salida del titular de la cartera.
Portavoces de la agrupación de extrema derecha Vox señalaron que buscarán establecer responsabilidades penales en la cúpula gubernamental, mientras que el Partido Popular calificó lo sucedido como una falla de carácter sistémico; a estas exigencias se sumaron pronunciamientos del Partido Nacionalista Vasco para devolver la credibilidad a la red pública, e incluso solicitudes con matices de lealtad institucional desde la propia coalición gubernamental por parte de Sumar.
Previo al anuncio de su retiro, la administración central había oficializado la aprobación de un fondo de asistencia por 30 millones de euros destinados a la indemnización de las víctimas y sus deudos.
Como parte del plan de contingencia instituido por el Ejecutivo para resguardar el servicio en el corredor Madrid-Sevilla, se dispuso una reducción temporal en la frecuencia de viajes manteniendo la oferta de asientos, la ejecución de una auditoría extraordinaria a los mecanismos de protección a cargo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, así como el fortalecimiento de los centros de mando, incremento de personal y la actualización de los protocolos tecnológicos de seguridad.
Con información de Nota de Prensa
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