La tensión política e institucional se apoderó de Paraguay este viernes luego de que la Policía Nacional confirmara la detención del expresidente Santiago Peña, apenas horas después de haber sido destituido de su cargo por el Senado tras un juicio político impulsado en su contra.
La Cámara Alta declaró culpable al exmandatario por «mal desempeño de funciones» con el voto unánime de los 44 legisladores presentes, convirtiéndolo en el segundo jefe de Estado en la historia reciente de ese país en ser desalojado del poder mediante este procedimiento constitucional.
El detonante de la caída del líder paraguayo, de 47 años, fue el colapso del Ueno bank, una entidad financiera intervenida por el Banco Central que albergaba los fondos de casi 3 millones de clientes en una nación de poco más de 6 millones de habitantes.
Las investigaciones del caso apuntan a graves cuestionamientos por los nexos directos del mandatario con dicha institución, la cual habría recibido desembolsos millonarios provenientes de organismos públicos durante su gestión.
La severa crisis financiera dejó en el limbo los ahorros de miles de ciudadanos, incluidos 32 mil jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), provocando la indignación social y el retiro absoluto del respaldo político del gobernante Partido Colorado.
Durante la jornada parlamentaria, los diputados acusadores calificaron la liquidación del banco como el mayor escándalo de corrupción en la era democrática de Paraguay, denunciando un desfalco al erario público que supera los 1.200 millones de dólares.
Aunque Peña declinó comparecer de forma presencial y delegó su defensa en un equipo de abogados legal, la representación parlamentaria rechazó sus alegatos y procedió a la destitución e inhabilitación inmediata del exmandatario, impidiendo así que asuma la investidura de senador vitalicio que contempla la Carta Magna paraguaya para exjefes de Estado elegidos democráticamente, despojándolo de cualquier fuero o inmunidad procesal.
Ante el vacío de poder, Pedro Alliana juró formalmente ante la nación como nuevo presidente constitucional de la república con el compromiso de resarcir los daños institucionales, mientras Peña aguarda la apertura de las acciones penales en su contra tras su aprehensión por las fuerzas del orden.
Con información de Nota de Prensa
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