La representación legal de Cilia Flores acudió nuevamente a las instancias judiciales de Nueva York con la finalidad de solicitar la desestimación definitiva de su causa penal, respaldándose bajo la figura jurídica de la inmunidad soberana. Esta petición, introducida formalmente de forma conjunta con Nicolás Maduro a principios de septiembre, tiene fijada su audiencia decisiva para este 17 de diciembre.
En esta oportunidad, el jurista Andrés Sánchez consignó ante la corte una moción acompañada de una declaración y un memorando institucional, fundamentando que la administración estadounidense reconoce legalmente al gobierno de Delcy Rodríguez y destacando que la institucionalidad venezolana ratifica plenamente la legitimidad e inmunidad diplomática de ambos señalados.
Dentro del cuerpo argumentativo, la defensa cita textualmente las declaraciones vertidas el pasado 26 de octubre por un alto vocero del Departamento de Estado, quien sostuvo que Rodríguez debería formalizar una «vacante permanente» de la magistratura nacional, premisa que, a juicio del abogado, confirma que la titularidad del cargo sigue recayendo en Nicolás Maduro, explicando que únicamente se declara vacante un puesto que se encuentra efectivamente ocupado y precisando que el titular se halla apartado temporalmente de sus funciones debido a su retención en territorio norteamericano.
Asimismo, el alegato subraya que la condición constitucional que otorga dicha prerrogativa no ha caducado, puesto que Venezuela no ha efectuado renuncia alguna, el orden legal interno cataloga de forzosa la ausencia del mandatario y la vicepresidenta continúa ejerciendo el despacho de la República.
Esta acción legal se suma a los intentos previos del equipo defensor por modificar las condiciones cautelares de Flores, luego de que el 8 de octubre la Fiscalía de Estados Unidos desestimara de manera categórica la concesión de un arresto domiciliario al advertir un «riesgo extremo de fuga» y peligro para la comunidad, motivado al potencial acceso a cuantiosos recursos financieros y la factibilidad de sostener contacto con personas vinculadas al caso que permanecen en el país.
En aquella solicitud, conducida por los juristas Mark Donnelly y Andrés Sánchez, se pretendía que la procesada afrontara el juicio en libertad condicional desde una residencia privada en la urbe neoyorquina, bajo custodia armada ininterrumpida las 24 horas, rastreo electrónico y severas restricciones en las comunicaciones y régimen de visitas.
Adicionalmente, el bufete sustentó la petición en el deterioro progresivo de su estado de salud, notificando afecciones cardíacas y gástricas, pérdida ponderal de peso, la extracción de dos piezas dentales y la urgente necesidad de recibir atención especializada, haciendo especial énfasis en un cuadro severo registrado a finales de julio que abarcó presión torácica y dificultad respiratoria por media hora.
Conviene recordar que tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de la totalidad de los cargos imputados tras su traslado a suelo estadounidense a comienzos de 2026, enfrentando sealamientos por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos conexos con armas de fuego, a los cuales la representación fiscal adicionó el pasado 8 de octubre una nueva acusación por conspiración para cometer torturas.
Ambos ciudadanos permanecen bajo custodia preventiva en Nueva York a la espera del inicio formal de su juicio, pautado en el calendario judicial para el 14 de junio de 2027.
Con información de Nota de Prensa
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