La Asamblea Nacional aprobó este lunes, con el voto favorable de la mayoría calificada, la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas, iniciativa presentada durante la sesión plenaria realizada en el Palacio Federal Legislativo y que busca actualizar el marco legal que regula la actividad minera en Venezuela, con la finalidad de incentivar la inversión tanto nacional como extranjera en esta área estratégica.
La propuesta fue introducida por el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, diputado Orlando Camacho, quien expuso los fundamentos del instrumento jurídico ante el Parlamento. El texto legislativo contempla 19 capítulos, 126 artículos, además de tres disposiciones transitorias, dos derogatorias y una disposición final, estructura con la que se pretende reorganizar y modernizar las normas que rigen la explotación de los recursos minerales del país.
Durante su intervención, el parlamentario destacó que Venezuela posee una amplia diversidad de recursos minerales distribuidos en distintas regiones del territorio nacional, por lo que consideró necesario adaptar la legislación existente a las nuevas realidades técnicas, económicas y ambientales del sector, tomando en cuenta que gran parte de las actividades mineras se desarrollan en áreas alejadas de centros urbanos.
El proyecto establece un conjunto de principios orientadores vinculados con el desarrollo sostenible de la minería, la preservación del ambiente, la planificación territorial y el equilibrio económico en los contratos de explotación. Asimismo, plantea fortalecer la seguridad jurídica como mecanismo para estimular la participación de inversionistas nacionales y capitales provenientes del exterior.
Dentro del articulado también se abordan aspectos relacionados con la administración de los recursos minerales, la clasificación de minerales estratégicos, las reservas del Estado y la delimitación de zonas de seguridad. De igual manera, se incorporan regulaciones sobre el manejo de productos y materiales utilizados en los procesos mineros, con el propósito de reforzar la protección legal de los intereses del Estado venezolano.
La iniciativa contempla además disposiciones para regular la pequeña, mediana y gran minería, al tiempo que refuerza las competencias del Ministerio de Minas, organismo que tendría la responsabilidad de coordinar, supervisar y organizar todas las fases de la actividad minera, desde la exploración y explotación hasta la producción y transporte de los minerales.
Entre los nuevos mecanismos previstos en el proyecto destaca la creación de un Fondo Social Minero, instrumento orientado a desarrollar programas que respalden la seguridad social y el bienestar de los trabajadores vinculados a esta actividad, especialmente en las áreas relacionadas con minerales considerados estratégicos.
El texto también propone la creación de un banco de datos geocientífico minero, que permitirá reunir información geológica, geotécnica, geoquímica y minera del país en formatos digitales y físicos, con el objetivo de contar con un registro detallado de los yacimientos existentes en el subsuelo venezolano.
Asimismo, se plantea la conformación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera, organismo que tendrá funciones de supervisión, control y fiscalización del sector, además de evaluar mecanismos fiscales que contribuyan a incentivar la inversión.
Camacho subrayó que todos los yacimientos minerales presentes en el subsuelo pertenecen a la República, y explicó que la nueva legislación también busca ampliar las garantías jurídicas para quienes participen en el sector, permitiendo incluso recurrir a mecanismos de mediación o arbitraje independiente para resolver posibles controversias, siempre dentro del marco establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con información de VTV
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