La Asamblea Nacional aprobó este jueves por unanimidad y en segunda discusión la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, un instrumento legal que busca transformar la relación entre el ciudadano y las instituciones del Estado venezolano.
Esta normativa establece de manera taxativa la obligación de simplificar los procesos en todos los entes públicos, prohibiendo la exigencia de requisitos excesivos que históricamente han retrasado la obtención de documentos y servicios esenciales. Entre los puntos más destacados de la ley figura la simplificación obligatoria, lo que significa que las instituciones ya no podrán solicitar documentos que el propio Estado posea en sus bases de datos, agilizando así el flujo de información interna.
Asimismo, se establecen lapsos de respuesta perentorios para evitar que las solicitudes queden en un «limbo» administrativo, priorizando la digitalización total para reducir la dependencia de la presencia física o la figura del «gestor».
La eficiencia en la gestión se convierte en un mandato estricto, ya que todo funcionario público queda sujeto a esta norma, enfrentando posibles sanciones por negligencia o retrasos injustificados en el ejercicio de sus funciones.
Un elemento central de esta reforma es la trazabilidad de los procesos; la ley obliga a las instituciones a generar un comprobante electrónico inmediato por cada solicitud, el cual debe incluir un sello de tiempo con fecha y hora exacta, un número de trámite único y la identificación clara del funcionario o sistema receptor, garantizando así transparencia y seguridad jurídica al usuario.
Con información de Nota de Prensa
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