La Contraloría General de la República dio inicio a la Jornada Nacional de Actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio 2025, un proceso obligatorio que se extenderá hasta el próximo 31 de julio.
Esta medida, dirigida a las máximas autoridades y funcionarios de alto nivel o de confianza en la Administración Pública Nacional, busca reforzar la transparencia en la gestión pública, según lo estipulado en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción.
El trámite también aplica a quienes integran las Unidades de Gestión Financiera de los Consejos Comunales, los Bancos Comunales y las directivas de organizaciones sindicales y gremiales.
El contralor general, Gustavo Vizcaíno Gil, destacó la relevancia de cumplir con esta obligación legal, subrayando que el sistema está diseñado para facilitar el proceso a todos los involucrados.
“La página (www.cgr.gob.ve) va a estar abierta las 24 horas”, afirmó Vizcaíno, quien explicó que la declaración puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea una computadora, laptop o celular. Además, la Contraloría ha habilitado una línea de atención para resolver dudas o inconvenientes durante el proceso: “También tenemos disponible un número telefónico 0800 – Declara (0800 3325372), por donde ustedes podrán articular con la Contraloría General de la República ante cualquier problema que se le presente en el momento de rendir su Declaración Jurada de Patrimonio”, aseguró el funcionario.
El incumplimiento de esta normativa puede acarrear severas consecuencias; las sanciones incluyen multas que oscilan entre 100 y 1.000 unidades, calculadas según el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.
En casos de reincidencia, las autoridades podrían imponer la suspensión del cargo o incluso la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Vizcaíno hizo un llamado a los funcionarios y representantes de las organizaciones mencionadas a cumplir con el plazo establecido, recordando que el 31 de julio es la fecha límite para evitar sanciones.
Este proceso, afirmó, es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una gestión pública íntegra y transparente.
Con información de Nota de Prensa
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