Debido a las constantes denuncias que realizan los iribarrenses, el prefecto del municipio Iribarren, Víctor Hernández, informó que se mantienen desplegados en las parroquias que conforman la jurisdicción que dirige, para supervisar los sitios nocturnos y licorerías, aplicando la Ley de Prevención, Seguridad, Convivencia y Paz ciudadana del estado Lara y de esta manera garantizar la tranquilidad de la colectividad.
Los operativos de la Prefectura de Iribarren, se realizan de manera mancomunada con la División de Orden Público de la Policía del estado Lara, siendo su órgano auxiliar; asimismo Hernández manifestó que algunos se hacen en compañía del Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), en referencia a la competencia administrativa del funcionamiento de las actividades económicas del municipio Iribarren.
“No todos los días, sino que varían con relación a los recorridos, tratando de abarcar todas las parroquias de Iribarren. Así mismo, más de 120 establecimientos hemos supervisado, principalmente sitios nocturnos, bares, restaurantes, hoteles, discotecas y licorerías”, aseveró el prefecto de Iribarren.
En cuanto a la existencia de licencias de funcionamiento, Hernández afirmó que la patente de licores es como la cédula de identidad, de manera que cuando realizan una supervisión, lo primero que exigen es la licencia para verificar si cumple con sus deberes formales para ejercer la actividad económica de licorería, “si no la posee, se llega a la conclusión que es un sitio clandestino”.
Señaló que las principales fallas encontradas en los establecimientos son las que establece la Ley de Prevención, Convivencia y Paz Ciudadana, como: consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, exceso de ruido en espacios públicos y zona residencial, afectando la tranquilidad de la comunidad. Subrayó que, durante el año 2022, ha habido un incremento de infracciones, debido a que los dos últimos años fueron de pandemia con restricción debido al Covid-19.
Finalmente, Hernández aseguró que las principales denuncias que reciben de los ciudadanos son por consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y ruidos molestos, lo que a su juicio va dirigido al mal funcionamiento de una actividad comercial.
Con información de Nota de Prensa
