Al cumplirse dos décadas de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, el país revisa el alcance de un modelo que trasladó la toma de decisiones hacia las comunidades organizadas, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública.
Desde su aprobación en abril de 2006, esta normativa impulsó un esquema orientado a que las propias comunidades asumieran funciones vinculadas a la planificación, administración de recursos y ejecución de proyectos, reduciendo la intermediación de instancias tradicionales como alcaldías y gobernaciones. Con ello, se estableció un sistema donde las asambleas de ciudadanos pasaron a tener un rol determinante en la definición de prioridades locales.
A lo largo de estos años, el modelo ha evolucionado hasta consolidar una estructura de participación amplia en todo el territorio nacional. Según cifras oficiales, actualmente existen más de 49.000 consejos comunales activos, acompañados por más de 3.600 comunas y 5.336 circuitos comunales operativos, lo que refleja el alcance organizativo de esta forma de gestión.
En este contexto, el liderazgo comunitario ha tenido una marcada presencia femenina, con una participación que supera el 80% en vocerías, lo que ha incidido en la dinámica de organización y ejecución de proyectos en las distintas localidades.
En materia de financiamiento, el impulso a las consultas populares ha permitido que las comunidades decidan directamente sobre la inversión de recursos públicos. Durante 2024 se ejecutaron más de 9.000 obras, cifra que aumentó a más de 33.000 proyectos en 2025, mientras que para 2026 se proyecta superar las 42.000 iniciativas comunitarias, respaldadas por miles de propuestas sometidas a votación en todo el país.
Para este proceso participativo, se ha dispuesto una infraestructura electoral que incluye más de 10.000 centros de votación y alrededor de 11.000 mesas, lo que facilita la incorporación de las comunidades en la toma de decisiones sobre obras y servicios.
Este modelo también ha permitido que las comunidades asuman responsabilidades directas en áreas como el mantenimiento de servicios básicos, gestión de desechos y organización territorial, fortaleciendo la capacidad de respuesta local ante distintas necesidades.
Además, herramientas como la cartografía social han contribuido a identificar con mayor precisión las prioridades de cada sector, permitiendo orientar los recursos hacia las áreas más vulnerables. Desde el punto de vista legal, las decisiones adoptadas en asambleas de ciudadanos tienen carácter vinculante, lo que otorga mayor peso a la participación directa, al tiempo que establece responsabilidades claras sobre el manejo de los recursos.
A 20 años de su creación, el sistema de consejos comunales se mantiene como una de las principales formas de organización del Poder Popular en Venezuela, con presencia en todo el territorio y un papel activo en la ejecución de políticas públicas desde las propias comunidades.
Con información de Nota de Prensa
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