En un operativo que no da tregua, la Cámara Regional de Carga, junto al Órgano Superior del Transporte de Carga, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, Corpologistica, Fontur y PDVSA, puso la lupa este jueves sobre tres estaciones de servicio estratégicas en el municipio Torres, eje vital entre Lara y Zulia.
Las bombas Brisas de Arenales, Mara y La Grande fueron el foco de una jornada de supervisión que responde al clamor de los transportistas, hartos de irregularidades que entorpecen su labor diaria.
Jonathan Durvelle, cabeza de la Cámara Regional de Carga, no se anduvo por las ramas al explicar el porqué de estas visitas: “Estas estaciones acumularon un número considerable de denuncias por parte de los transportistas”, señaló, dejando claro que no se trata de caprichos, sino de una necesidad urgente de poner orden.
Según el líder gremial, las quejas deben ser “bien sustentadas y no impulsadas por motivos arbitrarios”, un filtro que busca soluciones reales y no ruido sin sentido.
El recorrido dejó sobre la mesa un punto crítico: las formas de pago; los transportistas exigen libertad para elegir cómo cancelar el combustible, ya sea con tarjeta, pago móvil, efectivo o divisas, sin que los dueños o empleados de las estaciones impongan trabas.
Durvelle insistió en que esta flexibilidad es clave para que el gremio pueda rodar sin tropiezos, y propuso que cada bomba exhiba de manera visible las opciones aceptadas: “Esto no solo informará a los usuarios, sino que también facilitará una experiencia más fluida al momento de abastecerse”, afirmó.
Esta alianza entre instituciones y el sector transporte no solo persigue resolver el lío del combustible, sino fortalecer un sistema que mueve al país; con las estaciones bajo escrutinio y la promesa de trabajar codo a codo con los choferes, el mensaje es uno: El transporte no puede parar, y los derechos de quienes lo sostienen, menos aún.
Con información de Nota de Prensa
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