Tres jefes del Instituto Municipal del Ambiente de Valencia (IMA) asomaron sus cabezas al descubrirse la repudiable trama de corrupción que corroía al organismo desde sus bases. Al mando del complot se encontraba el presidente del IMA, Santiago Dayan El Sadat Bruzco Espinoz, titular de la cédula de identidad 15.122.604, actualmente prófugo de la justicia; así como su directora Rosa Verónica Alvarado Ascunes C. I. 18.627.527 y el encargado Marcos Antonio Sánchez C. I. 7.904.270, quienes se encuentran detenidos para responder ante los tribunales.
Los delitos que se les imputan por parte de la Fiscalía 87° Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público (MP) son: Disposición indebida de residuos o desechos sólidos no peligrosos, previsto y sancionado en el artículo 99; Disposición indebida de residuos o desechos sólidos peligrosos, previsto y sancionado en el artículo 100; Manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos, previsto y sancionado en el artículo 102; Generación de epidemia, previsto y sancionado en el artículo 103; Generación de ruidos, previsto y sancionado en el artículo 110, todos de la Ley Penal del Ambiente.
De igual forma, se les acusa por los delitos de Malversación agravada, previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Contra la Corrupción; Participación del funcionario público, previsto y sancionado en el artículo 33; Legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 y Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada en perjuicio del Estado venezolano.
La causa penal, con fecha del 18 de octubre de 2024 y con el Nº MP-181548-2024 (Nomenclatura Única del Ministerio Público), apunta que en la avenida principal del sector El Paíto, Valencia, estado Carabobo, opera un vertedero de basura que afecta a toda la comunidad con gran cantidad de camiones volteo cargados de todo tipo de desechos sólidos, tanto privados como de la Alcaldía de Valencia, con logos identificativos del Instituto Municipal Del Ambiente.
Tal vertedero improvisado, según señalan los denunciantes, se constituye en un simple terreno que utilizan los complotados directivos para arrojar desechos, afectando así a las comunidades que hacen vida alrededor y al medio ambiente.
En ese sentido, diferentes conductores de camiones de basura ya se han sumado a las manifestaciones en rechazo del corrupto accionar, revelando que pese a ser integrantes de la plantilla municipal no pertenecen a la nómina y no poseen ningún tipo de contratación o licitación con el IMA. Además, indican que reciben sus pagos mediante unos tickets depositados en sus cuentas personales de parte de los directores del Instituto, señalando a Bruzco Espinoz y Alvarado Ascunes.
Marcos Antonio Sánchez, encargado del vertedero de basura, admitió que el terreno no cuenta con ningún tipo de permisología y que en el lugar se lleva “un control con talonarios, los cuales se entregan a los choferes para que luego estos puedan reclamar el viaje realizado, siendo evidente que los mismos desvían fondos de dicho Instituto y que los mismos obtienen un beneficio económico propio de las actividades que son ejercidas en el vertedero en cuestión”.
En virtud de la magnitud de los daños causados, puestos de relieve gracias a los reclamos de los afectados y confesión de parte, los funcionarios enjuiciados se enfrentan a una penalidad que supera en su límite máximo los diez años de prisión, sumando previsiblemente otros años en el caso específico del escabullido Santiago Dayan El Sadat Bruzco Espinoz.
Con información de Nota de Prensa
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