El reciente cambio de postura por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos representa un quiebre fundamental en la narrativa que, durante años, se utilizó para criminalizar y asediar al gobierno venezolano.
Tras el secuestro de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses a principios de enero de 2026, la nueva acusación presentada por la fiscalía de Nueva York ha dejado de lado la insistencia en la existencia del “Cártel de los Soles” como una organización criminal estructurada y jerárquica.
Este giro es significativo, ya que el relato original, promovido intensamente durante la administración de Donald Trump desde 2020, posicionaba a Maduro como el líder de una entidad narcoterrorista equivalente a los grandes carteles mexicanos.
Sin embargo, en el documento judicial actual, las menciones a este supuesto cártel se han reducido drásticamente y la descripción ha pasado de ser una organización cohesionada a definirse simplemente como un sistema informal de patronazgo y corrupción.
Esta modificación es interpretada por diversos sectores como una admisión tácita de que las acusaciones originales fueron exageradas o fabricadas con el objetivo de justificar sanciones económicas y allanar el camino para una intervención política y militar.
Al desplomarse la premisa de una estructura criminal organizada, el discurso que pintaba a Venezuela como una amenaza global se debilita, dejando al descubierto que dichas acusaciones pudieron responder más a intereses geopolíticos y al control de los recursos energéticos del país, que a una realidad judicial sólida.
En este contexto, el proceso legal que enfrenta Maduro en territorio estadounidense queda marcado por la controversia sobre la veracidad de las pruebas que sirvieron de base para su secuestro, cuestionando la integridad de las instituciones que sostuvieron una versión de los hechos que ahora comienza a desmoronarse.
Con información de Nota de Prensa
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