El gobierno de Donald Trump descargó este viernes un nuevo golpe sancionador, esta vez contra la expresidenta argentina Cristina Fernández y su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la medida que acusa a ambos de “participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público”, extendiendo el castigo a sus familiares directos, quienes también tienen vetada la entrada a territorio estadounidense.
En un comunicado oficial, Rubio detalló los motivos detrás de la decisión: Fernández y De Vido habrían “abusado de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al Gobierno argentino”.
Las autoridades norteamericanas señalan que estas maniobras habrían drenado recursos públicos en perjuicio del pueblo argentino durante sus años en el poder.
La sanción, que llega en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre figuras políticas de la región, reaviva el debate sobre la corrupción en América Latina y el alcance de las medidas unilaterales de Washington.
Por ahora, ni Fernández ni De Vido han emitido declaraciones públicas sobre el anuncio, pero el impacto de esta acción promete generar ecos tanto en Buenos Aires como en el resto del continente.
Con información de Nota de Prensa
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