Un tribunal estadounidense le puso freno, en seco, al Presidente Donald Trump en su intento por deportar a venezolanos sin miramientos; este lunes, el Tribunal de Distrito de Columbia rechazó la solicitud del magnate para anular la orden del juez James Boasberg, quien había bloqueado las deportaciones exprés de migrantes criollos, exigiendo investigaciones y el debido proceso antes de cualquier decisión.
La Casa Blanca, en su afán por sacar del país a 238 venezolanos señalados como supuestos miembros del Tren de Aragua, chocó contra un muro legal que promete dar más de qué hablar.
El caso estalló cuando Trump, haciendo caso omiso a la orden de Boasberg, mandó a estos compatriotas a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, amparándose en la polémica Ley del Enemigo Extranjero de 1798.
Pero el juez no se quedó de brazos cruzados y arremetió: cada migrante tiene “derecho a audiencias individualizadas” para aclarar su situación, y subrayó que los demandantes “niegan vehementemente” ser parte de la banda criminal que alega la Administración.
“Debido a que los demandantes nombrados disputan ser miembros del Tren de Aragua, no podrán ser deportados hasta que un tribunal haya podido decidir sobre los méritos de su impugnación”, sentenció Boasberg.
La jugada de Trump desató una tormenta jurídica; la Casa Blanca insiste en que los dos vuelos a El Salvador despegaron antes de la orden escrita y que la ley de guerra les da la razón, sin embargo, el tribunal no compra el cuento y apunta a una clara violación del mandato judicial.
Ahora, el caso pone bajo la lupa los límites del poder de deportación del Ejecutivo estadounidense, mientras los venezolanos atrapados en esta pugna esperan justicia. ¿Hasta dónde llegará esta batalla? El reloj sigue corriendo.
Con información de Nota de Prensa
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