El expresidente peruano Pedro Castillo, acusado de «rebelión» y «conspiración», seguirá detenido en una base policial luego que un tribunal de apelaciones rechazó el pedido de su defensa para revocar la orden judicial que lo privó de libertad desde su destitución.
El juez César San Martín decidió «declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado», que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el 7 de diciembre. El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga, puesto que Castillo intentó llegar a la Embajada de México para pedir asilo, luego de haber sido destituido por el Congreso.
En tanto, la presidenta de Perú Dina Boluarte «llamó a la calma, a la paz, a que podamos vivir como hermanos, y anunció que, en Consejo de Estado con las Fuerzas Armadas, evaluará declarar el estado de emergencia a nivel nacional por las protestas.
Situación en las Calles
El Ejército junto a la Policía patrullan las calles de varias ciudades bajo Estado de Emergencia. Las violentas manifestaciones contra Boluarte persisten y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, según balance de la Policía.
En Lima, las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y policías en una desigual batalla campal de armas artesanales y piedras contra armas de fuego y gases lacrimógenos.
Por otra parte, algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica continúan defendiendo a Castillo a pesar del autogolpe. «Sigue siendo Pedro Castillo el presidente» de Perú, afirmó el martes el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa.
En un comunicado conjunto, Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el 12 de diciembre a Castillo y pidieron respetar «la voluntad popular expresada con el libre sufragio».
La Cancillería peruana respondió recordando que Castillo fue destituido por el Congreso en apego a la Constitución porque perpetró un «golpe de Estado», y pidió a los países ayudar a Perú a «resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho».
Cada vez más son las regiones que se suman a la solicitud de remoción o renuncia de la nueva mandataria peruana. Hecho que ha ocasionado fallecidos e innumerables pérdidas económicas en el país.
Con información de Nota de Prensa
