La Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en el centro de una confrontación con Estados Unidos tras la imposición de sanciones económicas y de visados por parte del Presidente Donald Trump; la CPI ha rechazado enérgicamente esta medida, defendiendo a su personal y reafirmando su compromiso de brindar justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo.
La controversia estalló después de que Trump firmara una orden ejecutiva sancionando a la CPI, calificando sus decisiones de «ilegítimas»; esta orden impone restricciones financieras y de visado a los empleados del tribunal y sus familiares.
El anuncio de las sanciones se produjo tras una reunión entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Cabe recordar que hace dos meses, la CPI emitió una resolución ordenando el arresto de Netanyahu y del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Esta no es la primera vez que Trump impone sanciones a la CPI, durante su primer mandato, ya había sancionado a la entonces fiscal Fatou Bensouda y a uno de sus principales asesores, en respuesta a una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
La CPI, establecida por el Estatuto de Roma, tiene la misión de juzgar a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, sin embargo, tanto Estados Unidos como Israel no son miembros de la Corte y no reconocen su jurisdicción.
Con información de Nota de Prensa
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