La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó recientemente sobre una transición estratégica en la política energética del país al integrar los modelos de gestión de la Ley Antibloqueo en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Esta medida busca otorgar un blindaje jurídico permanente a las tácticas que han resultado efectivas para incrementar la extracción de crudo en un contexto de sanciones.
Un ejemplo central de este éxito son los Contratos de Participación Productiva (CPP), los cuales permitieron elevar la producción de un campo específico de 23.000 a 110.000 barriles diarios en el periodo comprendido entre abril de 2024 y finales de 2025.
Desde la Refinería Puerto La Cruz, Rodríguez enfatizó que el objetivo de formalizar estas estructuras es expandir la capacidad operativa nacional y asegurar que el crecimiento en los «campos verdes» se traduzca directamente en una mejora del bienestar social, impactando positivamente en servicios públicos, alimentación y la recuperación de los salarios de los trabajadores.
Con información de Nota de Prensa
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