El Gobierno venezolano, a través de la Asamblea Nacional, inició el despliegue de una plataforma digital diseñada para que la ciudadanía pueda monitorear en tiempo real y sin intermediarios burocráticos los ingresos provenientes de la venta de petróleo y minerales, así como el destino final de dichos fondos.
Esta herramienta, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene como fin principal erradicar la corrupción y combatir las campañas de desinformación económica mediante una transparencia total sobre el manejo de cada centavo estatal.
En este contexto, se informó que, de una partida reciente de 500 millones de dólares por ventas petroleras, ya han ingresado al fisco 300 millones, los cuales serán dirigidos prioritariamente a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y financiar programas sociales en áreas críticas como salud, educación e infraestructura.
En paralelo a este sistema de fiscalización pública, el Parlamento avanza en la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, una propuesta que busca modernizar el marco legal energético del país para adaptarse a las condiciones actuales del mercado global y las sanciones internacionales.
El eje central de esta reforma es la incorporación formal de los Contratos de Participación Productiva (CPP), mecanismos que ya han demostrado efectividad bajo la Ley Antibloqueo al permitir alianzas estratégicas entre PDVSA y el sector privado o extranjero.
Según explicó Jorge Rodríguez, estos cambios son fundamentales para atraer inversiones hacia los «campos verdes» áreas que requieren mayor capital para su desarrollo, garantizando rentabilidad a los socios comerciales sin comprometer la soberanía nacional.
El proceso legislativo, que ahora entra en fase de consulta popular, reafirma la premisa oficial de que la riqueza energética solo cobra valor cuando se traduce en beneficios directos y tangibles para la calidad de vida de la población.
Con información de Telesur
Foto Cortesía
