A través de un comunicado oficial, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condenó la aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero por parte de EE.UU., calificándola de «anacrónica y violatoria de los derechos humanos», que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, «en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi».
En el comunicado, el Estado venezolano afirma que la Ley no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, «sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares», responsabilizando estas operaciones al denominado «Tren de la USAID», liderado por la extrema derecha al promover una campaña para ‘estigmatizar negativamente’ a los migrantes venezolanos con la creación de una red criminal de coyotes que, a cambio del dinero de humildes venezolanos y venezolanas.
Este sábado, la administración de Trump incurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual concede al presidente un gran poder para detectar y expulsar a inmigrantes no registrados, con el objetivo de agilizar las deportaciones de estos. Esta legislación está diseñada para ser invocada si EE.UU. está en guerra con otro país, o si una nación extranjera invade EE.UU. o amenaza con hacerlo.
Por su parte, familiares de migrantes venezolanos denunciaron que Estados Unidos envió a El Salvador a un grupo de hombres para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad denominada CECOT, sin respetar el debido proceso tras acusarlos de pertenecer al Tren de Aragua.
Esta acción se da a pesar de que un juez federal bloqueó temporalmente la capacidad de Donald Trump para deportar a inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
A través de las redes sociales, allegados familiares de un grupo de venezolanos exigen al presidente salvadoreño Nayib Bukele y al gobierno de EE.UU. investigar cada uno de los casos, para que puedan verificar «que muchos de los deportados no pertenecen a ninguna banda criminal y mucho menos al Tren de Aragua.
Así como García Casique, otros familiares han manifestado por medio de multiplataforma, que sus consanguíneos deportados a El Salvador son víctimas de las acciones del gobierno estadounidense; cuentan que, «un grupo se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses para regresar a Venezuela y el resultado fue otro».
Con información de Nota de Prensa
Foto Cortesía
