Con el eco de sus pasos resonando en las calles de Quito, las comunidades Waorani de la Amazonía ecuatoriana se movilizaron este martes para exigir a la Corte Constitucional de Ecuador que detenga la subasta de sus territorios ancestrales.
En una protesta cargada de dignidad, los indígenas demandaron el respeto irrestricto a su derecho al consentimiento previo, libre e informado, un pilar fundamental para proteger sus tierras frente a proyectos extractivos.
La marcha, que reunió a representantes de pueblos como Waorani, Andwa, Achuar, Shiwiar, Kichwa, Shuar y Sapara, se fundamenta en la histórica sentencia de 2019 que frenó la licitación petrolera en más de 180 mil hectáreas de selva amazónica.
Sin embargo, las comunidades denuncian que el actual gobierno ecuatoriano ha reactivado la subasta de más de tres millones de hectáreas sin cumplir con los estándares legales de consulta, poniendo en riesgo su legado cultural y su conexión vital con la tierra.
Luis Enqueri, presidente de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), expresó la urgencia de la movilización a través de la red social X: “Hemos caminado desde muy lejos por 3 días, para exigir a la corte de Ecuador que respete nuestros derechos”.
En su mensaje, Enqueri instó a los jueces a escuchar directamente a las comunidades y a honrar sus formas tradicionales de gobierno, enfatizando la cosmovisión oral de su pueblo. “No queremos escritos. Los Waorani somos oral, les pedimos que vayan a territorio”, manifestó con firmeza.
La protesta no solo busca proteger hectáreas de selva, sino preservar una identidad profundamente arraigada en la tierra; para los Waorani, cada árbol y río es parte de su historia, su cultura y su supervivencia. La reactivación de las subastas, según los manifestantes, amenaza con despojarlos de su herencia y vulnerar derechos consagrados en la ley.
Desde Venezuela, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos han mostrado solidaridad con la lucha Waorani, destacando su relevancia en un contexto regional donde los territorios ancestrales enfrentan presiones similares.
Mientras las comunidades aguardan una respuesta de la Corte Constitucional, su mensaje resuena claro: la selva no se negocia, y su voz no será silenciada.
Con información de Nota de Prensa
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