Durante el Congreso Conindustria, celebrado, recientemente, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), Raúl Gil, anunció que se van a establecer políticas públicas en el ámbito económico y fiscal que permitirán una recuperación o repunte para el segundo semestre del 2023.
En este importante encuentro, que contó con la presencia de 500 empresarios de toda Venezuela, se realizaron diversas ponencias sobre ilícitos legales, tributarios, comercio exterior, contrabando y aranceles. Además, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, acompañada de ministros, se comprometió en agilizar la Ley de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias, según lo destacado por Gil.
En este sentido, el presidente de Camcaroní resaltó que esta ley tendrá un impacto directo en la disminución de los impuestos municipales que pagan los sectores industriales, comerciales y de servicios en cada municipio.
Actualmente, sectores como el de licor, turismo y bancos, entre otros, pagan hasta un 7% de sus ingresos brutos en impuestos municipales. Sin embargo, esta nueva ley establecerá un límite máximo del 3%, aunque desde el congreso plantearon llegar a una medida del 2%. “Lo cual va a incidir directamente en disminuir los impuestos municipales que pagan los sectores industriales, comerciales y de servicios en cada municipio”, señaló Gil.
Por otro lado, se acordó también disminuir el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que actualmente se encuentra en un 3% en dólares por cada transacción en moneda extranjera. Esta medida, según Gil, incentivará las inversiones extranjeras en el país al disminuir directamente los pagos de impuestos.
“Esto va a incidir en que las inversiones extranjeras que se quieran constituir en nuestro país, es un incentivo porque disminuiría el pago de impuestos directamente”, dijo.
Uno de los aspectos más destacados del congreso fue la implementación de medidas para incentivar la producción nacional y protegerla en relación a las exportaciones de los países limítrofes. Esto implica la cobranza de impuestos de nacionalización y la solicitud de permisos sanitarios, con el objetivo de promover una competencia justa con los productos locales.
Asimismo, se solicitó que el Ejecutivo Nacional gestione ante el Banco Central de Venezuela (BCV) la reducción del encaje legal, que actualmente se encuentra alrededor del 69%. Esta disminución permitiría que la banca pública y privada ejerza su rol de intermediación y proporcionaría créditos y financiamientos a las pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a obtener capital de trabajo y reactivarse en el mercado.
“Disminuirla al menos a un 50 % a los fines de que la banca pública y privada pueda ejercer su rol de intermediación y que la pequeña y mediana empresa pueda optar a créditos y financiamiento que le permita obtener capital de trabajo para poder reactivarse”, fueron las palabras de Gil.
Además, en el congreso se constituyó el Estado Mayor contra el Contrabando, que estará integrado por representantes del sector público y privado del gremio empresarial. Esta medida busca combatir este problema que ha afectado gravemente a las industrias del país.
Con información de Nota de Prensa
