Una fulminante sacudida política se registró en Paraguay tras la renuncia del presidente Santiago Peña, quien se vio obligado a dejar el cargo apenas dos días después de la intervención y liquidación del banco Ueno por serios problemas de solvencia.
La medida extrema del Banco Central del Paraguay no solo dejó congelados los ahorros de casi tres millones de usuarios prácticamente la mitad de la población, sino que además comprometió millonarios fondos del Estado depositados en la entidad, desatando una marea de protestas multitudinarias en el centro de Asunción.
La presión en la calle, sumada a la pérdida total de respaldo en el Congreso, precipitó la caída del mandatario, cuyo mandato prometía una era de desarrollo economista pero terminó empañado por imputaciones y arrestos dentro de la cúpula bancaria por supuesta lesión de confianza.
El aislamiento de Peña se consolidó cuando el propio Partido Colorado y su exlíder político, el expresidente Horacio Cartes, le dieron la espalda. Desde la sede de la agrupación oficialista y junto al vicepresidente Pedro Alliana, Cartes autorizó el avance del juicio político argumentando que la prioridad era la defensa de los recursos públicos y de los jubilados, mientras legisladores oficialistas tildaban la gestión de traición.
Pese a que Peña intentó frenar el estallido promulgando una ley de emergencia para restituir garantías y cambiando a las autoridades del ente emisor, la maniobra resultó insuficiente.
Al dimitir, el exmandatario pasa automáticamente a ser senador vitalicio para conservar fueros parlamentarios, en medio de una ampliación de denuncia penal presentada por la oposición ante la Fiscalía por delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero, investigación que ya salpica a varios altos cargos de su gabinete y del sector económico.
Con información de Nota de Prensa
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