Las 40 familias que integran el proyecto habitacional Viviendo Venezolano «Nuestra Lucha», perteneciente al consejo comunal La Planta del circuito comunal Patricia Leal, levantaron su voz de protesta ante la toma ilegal del lote de tierra ubicado entre la calle 3 y la carrera 5 de la urbanización La Planta, en la parroquia Bolívar del municipio Morán.
La vocería del movimiento explicó que el terreno fue adquirido formalmente en el año 2007 tras las gestiones iniciadas en la administración de Radamés Graterol y consolidadas bajo la gestión del general Pedro Alastre, período en el que se determinó la factibilidad del suelo para beneficiar al grupo familiar.
Posteriormente, en el año 2016, la propiedad fue transferida a la Inmobiliaria Nacional como garantía jurídica para la ejecución de la obra, garantizando así el resguardo institucional del espacio. Sin embargo, denunciaron que desde el pasado 20 de agosto del presente año un grupo de personas ajenas a la comunidad irrumpió de forma arbitraria en el espacio, incurriendo en la violación del artículo 471 del Código Penal venezolano.
Pese a que los afectados acudieron de inmediato al sitio con los documentos de propiedad en mano para exigir el desalojo y han sostenido dos reuniones institucionales con autoridades locales sumado a un derecho de palabra concedido en el Concejo Municipal, las respuestas ejecutivas han sido nulas.
La causa también fue elevada ante la Prefectura y la Fiscalía 5ta de Barquisimeto, desde donde fue remitida a la Fiscalía 29 del municipio Jiménez, tribunal donde el proceso ha sufrido severos retardos procesales. La dirigencia comunitaria alertó además sobre la presunta implicación de efectivos policiales y de la Guardia Nacional en la ocupación irregular, señalando contar con material fotográfico que respalda dicha aseveración.
La alarma se incrementó este 2 de noviembre, fecha en la que los ocupantes introdujeron maquinaria pesada y camiones para realizar labores de desmalezamiento y nivelación del suelo con intenciones de apropiación definitiva. Los afectados rechazaron tajantemente que grupos dedicados al tráfico e invasión de inmuebles echen por tierra años de gestiones comunitarias y llamados a las políticas públicas de vivienda en la entidad larense.
Notiprensa Digital
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