El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un nuevo Estado de Excepción por un período de 60 días en varias zonas del país, argumentando la existencia de una situación de “grave conmoción interna” asociada a los problemas de seguridad que continúan afectando a distintas regiones del territorio ecuatoriano.
La medida entra en vigencia de forma inmediata y abarca las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Asimismo, incluye los municipios de La Maná, Las Naves y La Troncal.
Con esta disposición, el Ejecutivo otorga facultades especiales a los organismos de seguridad para ejecutar acciones dirigidas al mantenimiento del orden público y al combate de estructuras criminales que operan en las zonas señaladas. Entre las medidas contempladas destaca la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá realizar allanamientos en casos vinculados con actividades ilícitas sin necesidad de una autorización judicial previa.
La decisión fue adoptada poco más de dos semanas después de culminar el anterior estado de excepción decretado por el Gobierno. En declaraciones ofrecidas recientemente desde Estados Unidos, Noboa había señalado que no extendería el decreto anterior, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicar nuevas medidas extraordinarias si la situación lo requería.
Desde enero de 2024, cuando el mandatario declaró la existencia de un conflicto armado interno y catalogó a varias organizaciones delictivas como grupos terroristas, el Gobierno ecuatoriano ha recurrido en repetidas ocasiones a estados de excepción para enfrentar la violencia y reforzar las operaciones de seguridad en distintas regiones del país.
Pese a estas acciones, los indicadores de criminalidad continúan siendo motivo de preocupación para las autoridades. Datos del Ministerio del Interior reflejan que Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, una cifra que lo ubicó entre los países con mayores niveles de violencia en América Latina.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y garantizar la protección de la población frente al avance de organizaciones vinculadas a actividades delictivas.
Con información de VTV
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