La recién aprobada “Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social”, por la Asamblea Nacional, aún tiene aspectos pendientes por definir; el instrumento legal establece una contribución especial de entre 1% y 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones no salariales.
Sin embargo, el porcentaje exacto que se aplicará en 2024, aún está en manos del Ejecutivo, quien debe decidir si tomará en cuenta o no, las propuestas del sector privado; tras la aprobación inicial de la Ley de Pensiones el pasado 2 de mayo, la Asamblea Nacional concedió solo tres días para la consulta pública obligatoria.
En este marco, los parlamentarios se reunieron el lunes con representantes de varios gremios empresariales, quienes entregaron un documento con sus recomendaciones sobre el proyecto de ley.
Una de las principales propuestas es la tasa que deberán aportar las empresas del sector privado, la cual consideran debería ser un promedio de ese 1% al 15%, la decisión de ese porcentaje, que está en manos del gobernante Nicolás Maduro, se revelará cuando la ley y su correspondiente reglamento, sean publicados en Gaceta Oficial.
El documento presentado por los gremios empresariales indica que “La alícuota debería ser establecida por la Ley, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en otras leyes nacionales; y no debe ser superior al 6%.
La justificación de ello, es que la alícuota debe ser entre moderada y baja, pues este tributo no puede ser equivalente al efecto que sería tener una nómina adicional inexistente, equivalente al porcentaje establecido como alícuota, porque una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada, dado que el sector ha estado haciendo esfuerzos inmensos porque no se pierdan puestos de trabajo y por tratar de mejorar la remuneración de los trabajadores”, señala los gremios empresariales.
El sector empresarial reconoce la necesidad de contar con un sistema de Seguridad Social y una mayor garantía de los pensionados: «Éste es un propósito común en el que acompañamos al Gobierno Nacional en la formulación de políticas públicas, destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros pensionados y jubilados», detscaron.
No obstante, les preocupa que este nuevo impuesto se plantee en momentos de bajo consumo y ventas, de aumento en las tarifas de los servicios públicos, lo que afecta al sector formal, dijeron.
Con información de Nota de Prensa
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