La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y diputada a la Asamblea Nacional, América Pérez, ofreció detalles sobre los alcances y objetivos de la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas; la parlamentaria enfatizó que el instrumento legal busca equilibrar la balanza en el mercado inmobiliario, resguardando tanto el esfuerzo de las familias que invierten sus ahorros como el capital de los desarrolladores privados.
Explicó que el texto responde al precepto constitucional que consagra el acceso a un techo propio como un derecho humano fundamental que el Estado debe velar, al tiempo que extiende su rango de acción hacia los proyectos de preventa para erradicar las cláusulas leoninas que desfavorecen a las partes.
Pérez puntualizó que la iniciativa legislativa nació para dar respuesta a la población afectada por eventos sísmicos en diversas regiones, estructurándose como una propuesta impulsada desde el Ejecutivo y la presidencia a cargo de Delcy Rodríguez. Subrayó además que el articulado es fruto de un amplio consenso nacional tras someterse a consulta pública con la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Construcción, movimientos sociales, el sector privado y entes gubernamentales.
En cuanto a la operatividad del texto normativo, la diputada aclaró que el Ministerio de Hábitat y Vivienda asumirá un rol activo de supervisión, fiscalización y acompañamiento en las obras privadas, garantizando mecanismos equitativos de rescisión de contratos tanto para compradores como para constructores.
Finalmente, instó a los municipios a agilizar los trámites de permisología mediante lapsos estrictos, advirtiendo que los funcionarios públicos que incurran en dilaciones injustificadas enfrentarán responsabilidades administrativas.
Con información de VTV
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