En un reciente Decreto Presidencial, el gobierno de Venezuela ha decidido extender por seis meses más la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) en Venezuela. Esta medida, que se ha hecho pública a través de la Gaceta Oficial número 42.717, se debe a los casos de corrupción que han salpicado a la institución en los últimos meses.
El Decreto Presidencial número 4.865, fechado el 19 de septiembre de 2023, establece que la prórroga entra en vigor a partir del 17 de septiembre de 2023.
Además, especifica que el presidente y los demás miembros de la Comisión de Reestructuración de la Sunacrip continuarán desempeñando sus funciones durante este periodo.
La Sunacrip, que fue uno de los primeros organismos gubernamentales en regular el uso de criptomonedas en América Latina, fue intervenida en marzo de 2023 debido a su implicación en un escándalo de corrupción en el que estuvo involucrado su expresidente, Joselit Ramírez.
Presuntamente, Ramírez participó en un esquema de corrupción que habría permitido el robo de más de 3.000 millones de dólares al Estado venezolano utilizando la Sunacrip. Esta decisión de prorrogar la reestructuración marca el final del primer periodo de intervención, durante el cual se produjo la desaparición de las oficinas de la Sunacrip, despidos masivos de trabajadores y fallas en la plataforma Petro, según medios especialistas del tema.
La intervención de la Sunacrip también ha tenido un impacto en los mineros de Bitcoin, ya que miles de ellos han sido desconectados. Aunque no hubo una orden directa por parte de la junta reestructuradora, diferentes entidades gubernamentales, como Corpoelec, y decisiones propias de los operadores han llevado a esta situación, según Alejandro Blanco, director jurídico de la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip).
Recientemente, se informó que la junta interventora de la Sunacrip solicitó a los mineros que renovaran sus licencias para continuar operando. Aunque esto se hizo de manera casi automática en la esperanza de reanudar las operaciones, el congelamiento de las mismas ha ocasionado pérdidas millonarias tanto para los mineros como para el gobierno venezolano.
Con información de Nota de Prensa
