Cada tercer sábado de septiembre, desde 2004, el mundo celebra el Día del Software Libre, una jornada que no se limita a la exaltación de una licencia o una comunidad de programadores. En 2026, esa fecha adquiere una atención distinta: la inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje a gran escala y la infraestructura algorítmica que moldea desde nuestras conversaciones hasta nuestras decisiones políticas han transformado la manera en que pensamos, aprendemos y ejercemos la ciudadanía digital. Como señaló Ariel Jolo, organizador del evento nerdear.la, el software libre “refiere a la libertad de ejecutarlo, distribuirlo y modificarlo, no habla de precio”, una distinción que hoy resulta más política que técnica. La celebración, por tanto, no es un acto nostálgico sino un punto de partida para una discusión impostergable: la soberanía cognitiva.
Hablar de soberanía cognitiva implica reconocer que el pensamiento humano, en tanto facultad individual y colectiva, se está convirtiendo en un territorio en disputa. Los sistemas algorítmicos que median nuestra relación con la información no son herramientas neutrales: estructuran la gramática misma de lo que consideramos conocimiento válido, moldean nuestras preguntas y delimitan las respuestas posibles. Un documento reciente publicado en Zenodo advierte que rechazar la equivalencia entre conocimiento y vectorización, es decir, entre saber y dato procesable, constituye una práctica de resistencia epistémica. La soberanía cognitiva, entonces, exige garantías institucionales, no solo voluntad individual, y se erige como un imperativo de supervivencia democrática y epistemológica.
La conexión entre esta dimensión cognitiva y la infraestructura tecnológica es inseparable. ¿Cómo puede una comunidad ejercer soberanía sobre su pensamiento si las herramientas que utiliza para producir, almacenar y transmitir conocimiento están controladas por corporaciones transnacionales que operan bajo lógicas de extracción de datos y optimización del beneficio? Los debates sobre soberanía tecnológica cobran fuerza precisamente cuando se reconoce que el software libre constituye un vehículo garante para defender y alcanzar la autonomía cognitiva de los pueblos. No se trata únicamente de ahorrar en licencias o de adoptar estándares abiertos: se trata de decidir quién controla las condiciones materiales del pensamiento colectivo.
Richard Stallman, fundador del proyecto GNU y de la Free Software Foundation, sintetizó hace más de una década el principio que hoy sigue siendo el corazón de esta discusión: “El software es una cuestión de libertad y no de precio”. Stallman no hablaba de ahorro ni de eficiencia técnica. Hablaba de poder. Su insistencia en las cuatro libertades esenciales —usar, estudiar, distribuir y mejorar— no era un capricho de programador, sino una advertencia sobre lo que ocurre cuando alguien más controla las herramientas con las que pensamos y producimos conocimiento. “Un programa privativo es una injusticia”, afirmó en el Congreso Nacional de Software Libre de 2013, “hablamos de lo ético y lo justo”. La pertinencia de esa frase no ha hecho más que crecer.
Durante décadas, América Latina ha sido un laboratorio de dependencia tecnológica, pero también de resistencias y alternativas. Pensadores como el peruano Augusto Salazar Bondy analizaron con lucidez cómo la producción filosófica latinoamericana reproducía dinámicas de dominación cultural que impedían la autenticidad del pensamiento propio. Investigaciones contemporáneas recuperan su legado para examinar si la inteligencia artificial, tal como se implementa actualmente, no hace más que actualizar esas mismas dinámicas de dependencia tecnológica y epistemológica en el contexto digital. La pregunta que Salazar Bondy formulaba sobre la originalidad del filosofar latinoamericano resuena hoy con renovada fuerza: ¿estamos produciendo conocimiento con nuestras propias categorías o simplemente replicando las gramáticas del centro?
La pedagogía de Paulo Freire ofrece una brújula indispensable para esta travesía. Freire sostenía que “la ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre”. Su crítica al modelo bancario de educación, aquel que deposita información en el educando sin dialogar con su realidad, se traduce hoy en una crítica a los sistemas algorítmicos que nos tratan como receptáculos pasivos de contenidos optimizados. La alfabetización digital, desde una perspectiva freireana, no es aprender a usar aplicaciones sino aprender a leer críticamente el mundo algorítmico y a escribir con él, es decir, a intervenir en su código y en sus decisiones.
En el ámbito del hardware, la dependencia se vuelve aún más tangible. Los procesadores, los semiconductores, los circuitos integrados que hacen funcionar nuestros dispositivos provienen casi en su totalidad de un puñado de corporaciones globales. El investigador Marco Antonio Ramírez, en un simposio celebrado en Caracas, enfatizó la necesidad de diseñar semiconductores y microprocesadores desde la región para romper la dependencia con empresas transnacionales, y resaltó el valor del código abierto para diseñar procesadores sin el pago de regalías, fortaleciendo así la soberanía de hardware. Este llamado no es una quimera: la arquitectura RISC-V, de código abierto, permite que países y comunidades diseñen sus propios chips sin las restricciones de las licencias propietarias.
A nivel global, las experiencias exitosas de adopción de tecnologías libres se multiplican. En Europa, la plataforma openDesk, desarrollada por el gobierno alemán, ha sido adoptada por el sistema de salud de ese país y ha forjado alianzas con Países Bajos y Francia. Polonia ha integrado un asistente de inteligencia artificial de código abierto basado en su propio modelo de lenguaje nacional, PLLuM, en su aplicación ciudadana mObywatel. Barcelona se convirtió en la primera ciudad del mundo en respaldar oficialmente los Principios de Código Abierto de las Naciones Unidas, y su plataforma Decidim, desarrollada como software libre, se utiliza para procesos de democracia participativa en múltiples países.
En América Latina, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) se ha consolidado como el evento de difusión más importante de la región. La edición 2026 en Caracas, celebrada en el Teatro Teresa Carreño, reunió a expertos, desarrolladores y comunidades para abordar la importancia de desarrollar herramientas tecnológicas soberanas para garantizar la independencia digital de la región. En ese marco, la ministra Jiménez destacó que el software libre ha alcanzado un 89 % de adopción en el desarrollo de lenguajes para plataformas de inteligencia artificial y que el 43 % del tráfico web global fluye a través de plataformas desarrolladas con lenguajes y códigos abiertos.
La experiencia de Venezuela en esta materia es particularmente elocuente, no exenta de contradicciones y desafíos, pero innegablemente pionera. En 2004, mediante el Decreto Presidencial N.° 3390, se estableció la migración obligatoria de la Administración Pública a software libre, una medida que marcó el inicio de una nueva era de independencia tecnológica y que impulsó el desarrollo de herramientas nacionales como el sistema operativo Canaima GNU/Linux. Ese decreto no fue un gesto simbólico sino una política pública de largo aliento que obligó a repensar la infraestructura tecnológica del Estado desde una perspectiva de soberanía.
Canaima GNU/Linux es, quizás, el emblema más visible de ese proceso. Nacido al calor del Decreto 3390, este sistema operativo basado en Debian ha evolucionado hasta alcanzar versiones maduras como la 8.4, lanzada en 2026, que incorpora ediciones especializadas para diseñadores gráficos, para el Programa Nacional Semilleros Científicos y para aficionados a los juegos en línea. Según Ángel Marrufo, líder del proyecto, “Canaima GNU/Linux es un sistema operativo venezolano hecho por talento venezolano, que garantiza la seguridad de la información y autonomía en su tecnología”. La ministra de Ciencia y Tecnología (para ese momento), Gabriela Jiménez Ramírez, lo calificó como “una victoria del pueblo venezolano” en términos de soberanía.
La Ley de Infogobierno, publicada en la Gaceta Oficial N.° 40.274 del 17 de octubre de 2013, dio rango legal a muchos de estos principios. Su objeto es establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, con fines que incluyen mejorar la gestión pública, impulsar la transparencia, promover el desarrollo de tecnologías libres, garantizar la independencia tecnológica y asegurar la apropiación social del conocimiento. Esta ley reconoce explícitamente que la tecnología no es un asunto meramente instrumental sino un componente de la seguridad y defensa de la nación.
Sin embargo, el panorama no es favorable en todo momento o en todos lados. La brecha entre la adopción declarativa y la implementación efectiva sigue siendo considerable. Muchas instituciones públicas continúan dependiendo de software propietario para funciones críticas, y la migración a sistemas libres enfrenta resistencias burocráticas, inercia organizacional y falta de formación técnica. La propia comunidad de software libre venezolana ha señalado la necesidad de fortalecer los lazos entre desarrolladores, usuarios y Estado para que Canaima y otras iniciativas no queden reducidas a vitrinas de exhibición. El colectivo Carabobo Libre, por ejemplo, ha participado activamente en el testeo de versiones beta de Canaima, proporcionando sugerencias para mejorar el sistema operativo.
La dimensión pedagógica de esta transformación es ineludible. No basta con migrar sistemas operativos si no se transforma la cultura tecnológica de las instituciones y de la ciudadanía. La formación en software libre no puede reducirse a la capacitación técnica: debe incluir una reflexión crítica sobre la economía política del conocimiento, sobre quién controla los datos, sobre las implicaciones éticas de los algoritmos. Como señala la documentación del Centro Nacional de Tecnologías de Información, el objetivo es democratizar el conocimiento y expandir el uso de tecnologías abiertas mediante plataformas como SIGMA, que facilita el acceso a cursos sobre hardware, software, ciencia de datos y transformación digital.
Para la juventud, este llamado es especialmente apremiante. Las generaciones que han crecido con teléfonos inteligentes y redes sociales son las más expuestas a la colonización algorítmica de su atención y su pensamiento, pero también las mejor posicionadas para revertirla. La programación, el diseño de hardware libre, la participación en comunidades de desarrollo, la auditoría de algoritmos, la creación de contenidos educativos abiertos: todas estas son formas concretas de ejercer soberanía cognitiva y tecnológica. No se requiere ser ingeniero de sistemas para contribuir; se requiere, en cambio, una disposición a aprender, a compartir y a cuestionar.
Las propuestas de participación y activismo pueden articularse en varios frentes. En el ámbito educativo, urge incorporar la filosofía del software libre en los currículos escolares y universitarios, no como una asignatura técnica sino como una perspectiva crítica sobre la tecnología. En el ámbito comunitario, los Infocentros y las casas de ciencia pueden convertirse en nodos de alfabetización digital libre, donde los jóvenes aprendan a instalar, configurar y modificar herramientas de código abierto. En el ámbito político, es necesario exigir a los gobiernos que la retórica de la soberanía tecnológica se traduzca en presupuestos, en políticas de compras públicas que prioricen software libre, en inversión en investigación y desarrollo de hardware abierto.
El Día del Software Libre no es una fecha para el consumo de discursos complacientes sino para la acción. La soberanía cognitiva y la soberanía tecnológica son dos caras de una misma moneda: no puede haber pensamiento libre sin infraestructuras libres, y no puede haber infraestructuras libres sin una ciudadanía que las comprenda, las use y las defienda. La juventud venezolana y latinoamericana tiene en sus manos la posibilidad de escribir un capítulo distinto en esta historia. La pregunta no es si la tecnología nos determina, sino quién la determina a ella.
Por Edery Javier Rodríguez Alvarado
@ejavierds
