El pasado 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa centro-norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, en lo que los sismólogos denominan un “doblete sísmico” (BBC News Mundo, 2026). Las cifras oficiales al 28 de junio indicaban que ascendían a 1.450 las personas fallecidas, 3.238 personas heridas, 12.721 personas damnificadas y una cifra de 512 réplicas de sismos registrados, con el estado La Guaira declarado zona de desastre (Últimas Noticias, 2026). Casi simultáneamente, otros cinco sismos de magnitud considerable se registraron en Filipinas, Papúa Nueva Guinea, California, Perú y Japón, todos dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. La comunidad científica internacional ha calificado esta concatenación como una coincidencia estadística sin relación física directa entre los eventos (Caracol Radio, 2026). No obstante, la pregunta que emerge con urgencia desde una perspectiva geopolítica no es si estos sismos fueron naturales o inducidos, sino qué intereses estratégicos convergen en la desestabilización de una región con las mayores reservas de petróleo del planeta.
La tesis del evento tectónico natural se fundamenta en la ubicación de Venezuela sobre la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, una zona de fricción geológicamente activa donde los “dobletes sísmicos”, aunque infrecuentes, tienen registros previos (BBC News Mundo, 2026). El Servicio Geológico de Estados Unidos documentó que el segundo sismo fue aproximadamente tres veces más potente que el primero y que la redistribución de esfuerzos tectónicos pudo haber desencadenado la segunda ruptura (BBC News Mundo, 2026). Investigadores de la Universidad de Chile han elaborado interferogramas de la zona afectada que muestran patrones de deformación superficial compatibles con la liberación de energía acumulada por siglos en fallas geológicas preexistentes (Universidad de Chile, 2026). Esta explicación, rigurosa en términos geofísicos, resulta insuficiente cuando se examina el contexto estratégico: la simultaneidad de seis sismos, de magnitudes considerables en puntos neurálgicos del sistema mundial durante la misma ventana de 24 horas desafía los modelos probabilísticos estándar.
Bajo esta perspectiva, la tesis del evento inducido no se sostiene en la especulación conspirativa, sino en el reconocimiento de que el complejo militar-industrial estadounidense ha desarrollado y perfeccionado tecnologías de modificación ambiental durante décadas. El Proyecto HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program/Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia), financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, opera instalaciones capaces de emitir ondas de radiofrecuencia hacia la ionosfera, afectando el campo eléctrico terrestre y generando alteraciones en la dinámica atmosférica y, potencialmente, en la corteza terrestre (IELA, 2010). Aunado a lo anterior, las denominadas armas escalares (también conocidas como armas de energía dirigida), basadas en principios de física de ondas estacionarias, han sido objeto de investigaciones clasificadas que exploran la posibilidad de transferir energía a puntos específicos de la litosfera para desencadenar eventos sísmicos controlados. La literatura técnica sobre geoingeniería climática, aunque predominantemente enfocada en la modificación del clima, de acuerdo con el CIEL (2024), revela un conocimiento profundo de los umbrales de resonancia del planeta que, en manos del poder hegemónico, se convierten en instrumentos de guerra no convencional.
En este orden de ideas, el móvil estratégico del imperialismo para alterar focos de tensión geopolítica mediante la manipulación de la naturaleza encuentra en Venezuela un blanco particularmente vulnerable. La nación caribeña posee las mayores reservas de petróleo certificadas del mundo, un recurso que el capitalismo global necesita asegurar en un contexto de transición energética y competencia multipolar. Luis Britto García (2015) ha documentado cómo “los grandes imperios se agavillan para saquear Venezuela”, cercando sus costas con aparatosos acorazados y desplegando una campaña mediática que prepara el terreno para la intervención. La desestabilización mediante desastres “naturales” ofrece al imperio la cobertura perfecta: genera caos humanitario, justifica el despliegue de equipos de rescate que duplican funciones de inteligencia militar y debilita la capacidad de respuesta del Estado soberano, todo ello bajo el manto de la solidaridad internacional.
No obstante, la capacidad tecnológica para inducir fenómenos sísmicos no es el único factor en juego; la guerra ecológica se inscribe en una lógica más amplia de control hegemónico de los recursos y de disciplinamiento de los pueblos que resisten. Edgardo Lander (2000) ha demostrado cómo la colonialidad del saber y del poder opera mediante la imposición de una racionalidad única que naturaliza la explotación de la naturaleza y de las poblaciones del Sur global, presentando como inevitables las catástrofes que, en realidad, responden a decisiones políticas y económicas concentradas. La tesis del evento natural, en este sentido, cumple una función ideológica: despolitiza el desastre, lo presenta como “acto de Dios” y oculta la agencia humana detrás de la devastación, desmovilizando así la capacidad crítica de las comunidades afectadas.
En concordancia con lo anterior, el economista y sociólogo mexicano Enrique Leff, ha desarrollado el concepto de racionalidad ambiental como aquella que cuestiona la sobre economización del mundo y la cosificación de la naturaleza, abriendo paso a una reapropiación social de los bienes comunes. Desde esta perspectiva, la guerra ecológica no es un episodio aislado, sino la expresión más acabada de un modelo civilizatorio que concibe la naturaleza como un campo de batalla y a los pueblos como obstáculos a remover. El hecho de que los sismos descritos hayan golpeado simultáneamente a Venezuela, naciones caribeñas, Japón, otras naciones del Cinturón de Fuego y hasta Estados Unidos de Norteamérica no es necesariamente un plan coordinado, pero sí una advertencia sobre la fragilidad de un orden mundial donde el dominio tecnológico otorga a las potencias centrales la capacidad de decidir quién vive y quién muere bajo el peso de la “naturaleza”.
De igual forma, el sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón, ha insistido en que el imperialismo contemporáneo no se limita a la guerra económica o militar, sino que se expresa en una multiplicidad de formas que incluyen la guerra cognitiva, la guerra jurídica y, por supuesto, la guerra ecológica. El análisis de Borón sobre la dependencia estructural de América Latina y la necesidad de revoluciones para realizar reformas profundas cobra vigencia cuando constatamos que los países del Sur carecen de sistemas de monitoreo geofísico autónomos y de tecnologías de defensa ante la manipulación ambiental. La asimetría tecnológica es, en sí misma, una forma de dominación que impide a las naciones latinoamericanas verificar por sí mismas el origen de los fenómenos que las devastan, condenándolas a aceptar las versiones oficiales que emanan de los centros del poder imperial.
Aunado a lo anterior, la respuesta humanitaria desplegada tras los sismos, con equipos de rescate provenientes de más de veinte países y una movilización de 150 millones de dólares por parte de Estados Unidos, revela la paradoja de un imperio que se presenta como salvador mientras mantiene el monopolio de las tecnologías que pudieron haber causado el desastre (OCHA, 2026). Esta dualidad entre la ayuda humanitaria y la guerra encubierta constituye el rasgo distintivo de la estrategia imperial en el siglo XXI, donde la ocupación militar se ha vuelto costosa y contraproducente, mientras que la desestabilización mediante desastres “naturales” ofrece un costo político y económico significativamente menor. La juventud venezolana y latinoamericana debe comprender que la solidaridad internacional, en este contexto, no puede desvincularse del análisis de los intereses geopolíticos que movilizan a las potencias extranjeras hacia nuestros territorios, reconociendo el apoyo con convicción humanista de muchas naciones que siempre han mostrado su calidad solidaria en todo momento y es una muestra de la reciprocidad con Venezuela, que ante las terribles pérdidas humanas y materiales, es algo fundamental.
La formación política de los cuadros y la dirigencia de base requiere, entonces, una pedagogía revolucionaria que integre el conocimiento científico con la crítica al imperialismo, superando tanto el tecnicismo apolítico como el voluntarismo conspirativo. Las universidades latinoamericanas tienen un rol central en este proceso: deben desarrollar programas de investigación en sismología, geofísica y monitoreo ambiental que rompan la dependencia tecnológica y epistémica de los centros hegemónicos, generando datos propios y teorías propias sobre la relación entre actividad tectónica y acción humana. La soberanía tecnológica no es un lujo académico, sino una condición de posibilidad para la defensa integral del territorio frente a la guerra ecológica, tal como lo han señalado los movimientos sociales que en Brasil, México y Colombia han resistido la extractivismo y la devastación ambiental impuesta desde el Norte global.
En este marco, la organización comunal emerge como la única respuesta efectiva ante la incertidumbre geopolítica y la vulnerabilidad sísmica, natural o inducida. Los consejos comunales, las comunas y las redes de protección civil autogestionadas constituyen el tejido social que puede sostener a la población en momentos de crisis, cuando el Estado se ve desbordado y la ayuda internacional llega con condiciones. La experiencia de los movimientos populares en América Latina demuestra que la resistencia no se construye desde la espera de salvadores externos, sino desde la potencia organizativa de los pueblos que conocen su territorio, sus riesgos y sus fortalezas, construyendo alianzas sinceras y solidarias con otras naciones para afrontar situaciones mediante la integración. Preparar al pueblo para la defensa integral del territorio implica, además de la formación política, la capacitación técnica en primeros auxilios, búsqueda y rescate, evaluación de daños y gestión de albergues, salas de situación de emergencias y salud, saberes que empoderan a las comunidades y las vuelven menos dependientes de estructuras jerárquicas vulnerables a la cooptación.
La reflexión abierta que nos dejan los recientes sismos no puede cerrarse con certezas absolutas sobre el origen natural o inducido de los fenómenos, porque esa dicotomía es, en sí misma, una trampa del pensamiento colonial que nos impide ver la totalidad del problema. Lo que está en juego no es la demostración forense de un crimen geofísico, sino la capacidad de nuestros pueblos para construir soberanía tecnológica, organizativa y epistémica frente a un imperio que ha hecho de la naturaleza su campo de experimentación y de los desastres su estrategia de dominación. La pregunta no es si HAARP o las armas escalares causaron los terremotos, sino por qué seguimos sin tener respuestas propias, por qué nuestras universidades dependen de datos del USGS y por qué nuestros gobiernos no han invertido en sistemas de alerta temprana y monitoreo ionosférico. La guerra ecológica ya está en marcha, y la única defensa posible es la conciencia crítica y la organización comunal que no espere las explicaciones del imperio, sino que las construya desde el pueblo y para el pueblo.
¿Qué opinas o sugieres al respecto?
PD: Mi abrazo fuerte y solidario para cada familia afectada. Mi agradecimiento eterno a quienes por decisión y por convicción de encuentran en labores de rescate y salvamento, tanto los humanos como los caninos.
Por Edery Javier Rodriguez Alvarado
@ejavierds
