La Fiscalía de Perú, a través de la Fiscal Patricia Benavides, hace una semana dio a conocer la denuncia constitucional al Congreso contra el presidente Pedro Castillo, como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
La denuncia constitucional contra el presidente peruano contiene más de 190 elementos probatorios, los cuales sustentan su acusación como presunto líder de una organización criminal.
Sin embargo, en horas de la noche del pasado miércoles 19 de octubre, el presidente de Perú, Pedro Castillo, emitió un mensaje a la nación para denunciar que fuerzas políticas impulsan una nueva modalidad de golpe de Estado en su contra. Castillo asegura que incluso están usando tortura psicológica con prisiones preventivas para conseguir acusaciones contra su persona.
Al respecto, el presidente mencionó que “estos disfrazados actos esconden su verdadero propósito: la persecución política iniciada, incluso antes que yo asuma la administración del Estado. Quieren que yo me vaya para que ellos gobiernen sin haber sido elegidos”.
Además, también aprovechó su intervención para hacer un llamado a la prensa, asegurando que se encargan se convertir calumnias en hechos reales para catalogarlo como el jefe de una organización criminal.
“No quieren que termine mi mandato. Voy a terminar el período que el pueblo me otorgó y voy a entregar el poder al siguiente presidente del Perú el 28 de julio del 2026, no antes″, afirmó Castillo en el mensaje televisado.
Para finalizar, El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
Con información de Nota de Prensa
