El caso del polémico procedimiento ejecutado el pasado sábado en un establecimiento privado del este de Barquisimeto ha dado un giro contundente en las últimas horas, elevando a seis la cifra de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) privados de libertad, mientras las autoridades rastrean a otros uniformados implicados que se encuentran prófugos de la justicia.
Tras la ola de denuncias sobre presunta extorsión, robo y vejaciones interpuesta por la comunidad sexodiversa de la entidad larense, el Ministerio Público formalizó el inicio de una investigación penal exhaustiva, designando para el caso a la Fiscalía 21 de Lara y a la Fiscalía 98 Nacional con competencia en Derechos Humanos y Diversidad de Género.
Fuentes ligadas al caso confirmaron que la propia comandancia de la PNB puso a los efectivos a disposición de los órganos judiciales, al tiempo que se emitieron nuevas órdenes de aprehensión contra el resto de los uniformados que huyeron para evadir su responsabilidad en el hecho.
El Ministerio Público ha sido enfático al señalar que todos los involucrados serán presentados ante un tribunal de control larense por delitos tipificados en el Código Penal y la Ley contra la Corrupción, activando además un proceso de depuración interna dentro del cuerpo policial.
Mientras tanto, la colectividad barquisimetana se mantiene a la expectativa del desarrollo de las audiencias, exigiendo que se siente un precedente firme contra el abuso de poder en la región.
Con información de Nota de Prensa
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