La discusión sobre la transformación del sistema de justicia penal en Venezuela sigue tomando fuerza y ahora incorpora de manera directa al sector universitario. Este nuevo paso quedó marcado tras el encuentro entre el fiscal general de la República, Larry Devoe, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, José Antonio Bonvicini.
La reunión, realizada en la sede del Ministerio Público, forma parte de los preparativos para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, una iniciativa impulsada para abrir el debate sobre los cambios que requiere el sistema judicial venezolano.
Más allá de un encuentro protocolar, la jornada estuvo orientada a definir cómo las universidades pueden participar activamente en este proceso. La idea es que el conocimiento académico, la experiencia jurídica y la visión de especialistas sirvan como soporte para construir propuestas concretas.
“Las universidades no pueden quedarse al margen de una discusión tan importante. Su aporte es fundamental para pensar una justicia más eficiente, cercana y adaptada a la realidad del país”, señaló Devoe durante el intercambio.
El fiscal insistió en que cualquier reforma profunda necesita escuchar distintas voces y sumar criterios técnicos. En ese sentido, destacó que la participación de profesores, investigadores y profesionales del Derecho permitirá enriquecer el debate desde una perspectiva especializada.
Por su parte, Bonvicini manifestó la disposición del sector académico para colaborar con la iniciativa y aportar ideas que ayuden a fortalecer el sistema penal venezolano.
Desde el Ministerio Público explicaron que este acercamiento busca crear mecanismos de participación profesional y académica que sirvan de base para la consulta nacional.
La propuesta de reforma tiene entre sus objetivos garantizar una justicia más oportuna, imparcial y accesible, además de revisar procedimientos que permitan responder de forma más efectiva a las demandas de la ciudadanía.
Con este tipo de encuentros, el proceso comienza a tejer alianzas entre instituciones públicas y espacios de formación, en una discusión que apunta a redefinir el rumbo del sistema penal en el país.
Con información de Nota de Prensa
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