La procuradora general de la República Bolivariana de Venezuela, Arianny Seijo Noguera, expuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su postura sobre la controversia territorial del Esequibo, al señalar que en el derecho internacional no existe ningún principio que permita subsanar la nulidad de un laudo arbitral cuando este se origina en hechos de ilicitud o fraude, afirmando que una decisión viciada no puede ser convalidada por las partes.
Durante su intervención, Seijo sostuvo que Venezuela nunca ha renunciado a su derecho de impugnar la validez del Laudo Arbitral de 1899 y que el Estado cuenta con los elementos probatorios necesarios para demostrar su nulidad, reafirmando así la posición histórica del país frente a este fallo que considera lesivo a su soberanía.
La representante jurídica recordó además que el Acuerdo de Ginebra de 1966 surgió en el contexto del proceso de descolonización, estableciendo un marco de entendimiento entre Venezuela y el Reino Unido para abordar la controversia territorial, dejando atrás la discusión sobre el laudo de finales del siglo XIX.
En su exposición, Seijo advirtió que Guyana ha intentado reinterpretar el objeto del conflicto con el fin de dar validez al laudo de 1899, pese a que, este se originó en un contexto colonial marcado por desigualdades y decisiones cuestionadas históricamente.
Asimismo, argumentó que pretender mantener vigente dicho laudo implicaría perpetuar una situación derivada de prácticas coloniales contrarias al derecho internacional, mientras que el Acuerdo de Ginebra fue concebido precisamente para encaminar una solución negociada, práctica y mutuamente aceptable entre ambas naciones.
Finalmente, la procuradora reiteró que Venezuela mantiene su disposición a avanzar en un proceso de negociación directa como mecanismo idóneo para alcanzar una salida consensuada a la controversia, insistiendo en que el país no reconoce otro instrumento distinto al Acuerdo de Ginebra como base para la resolución del diferendo territorial.
Con información de VTV
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